Exilio se escribe en presente
Afuera de su casa la vigilancia era constante. Policías apostados las 24 horas. Ella tenía arresto domiciliario desde hacía más de un año. El régimen nicaragüense la tildó de “terrorista”. Por eso en junio de 2021 decidió huir.
Se escondió en la cajuela del carro de un pariente. Mientras él abría las puertas de la cochera, los perros salieron corriendo. Todo era parte del plan. Cuando los policías estaban distraídos ayudando a capturar a los animales, el auto arrancó con las ventanas abiertas, sin levantar sospechas. Unas cuadras adelante ella salió de la cajuela, se puso al volante y pisó el acelerador.
Los policías la siguieron por varias calles hasta que logró perderlos. Se detuvo en una gasolinera, entró al baño, se cambió de ropa. Al salir la esperaba una motocicleta con las llaves puestas, tal como lo había planeado. Siguió manejando rumbo a la frontera con Honduras.
Pasó días escondida en casa de amigos, una madrugada decidió seguir. Caminó cinco horas hasta el río que marca la frontera con Honduras. Cruzó el cauce nadando. Ya estaba del otro lado, casi sentía alivio cuando topó de frente con un oficial de migración nicaragüense: No estaba en Honduras todavía, había fracasado. Se derrumbó al verse cansada y, además, descubierta.
—Todavía estás en Nicaragua. ¡Tenés que seguir caminando, Ivannia! ¡Te falta poquito! —dijo el oficial que la había reconocido.
—Ya no puedo… —Respondió ella, mareada, no entendía.
—Tenés que seguir caminando. Te falta poquito —Insistió él, fingiendo no haberla visto.
Estaba agotada, se dejó caer. Pocos minutos después apareció un bus rojo. Frenó y una mujer se asomó al abrirse la puerta.
—Sube, Ivannia. Me dijo el oficial que te llevara—, fueron las palabras de la conductora.
Y así, con hilos invisibles tejidos por desconocidos, Ivannia Álvarez logró huir de Nicaragua. Un país donde gobernó una revolución que hoy, deteriorada al absurdo, multiplicó presos políticos, despojó de su nacionalidad y expulsó del país a al menos 222 personas, incluidos líderes históricos del mismo movimiento que le dio origen.
Como ella, cientos de personas de Nicaragua y otros países de Centroamérica han llegado a México en los últimos años. Activistas, abogados, periodistas, líderes políticos, agentes del Ministerio Público, fiscales. Huyen de la persecución política, de causas fabricadas en su contra, de procesos judiciales amañados, del rumor insistente de que podrían ser los siguientes en prisión. Se van también porque no soportan realidades políticas que sienten aplastantes.
No existen cifras oficiales ni recuentos detallados, pero se estima que solo en la Ciudad de México hay entre 150 y 200 nicaragüenses, 40 guatemaltecos y, al menos, 20 salvadoreños en busca de refugio por razones políticas.
Muchos han permanecido en silencio, hasta ahora ha sido una suerte de migración invisible. Algunos se nombran refugiados, otros diáspora, desterrados o exiliados, pero decenas de ellos están organizándose en un esfuerzo colectivo que llaman Casa Centroamérica.
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Exilio, según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), es la separación de la persona de la tierra en donde vive. Sin embargo, la historia le ha dado otra carga: el exilio ha sido la huida de miles de personas por razones políticas desde la Guerra Civil española, las dictaduras de Sudamérica, el Conflicto Armado Interno en los años ochenta en Guatemala. Hay antecedentes hace dos siglos, cuando la Guerra Federal Centroamericana (1826-1929), pero sobre todo el número de personas exiliadas creció exponencialmente durante la segunda mitad del siglo XX. Y México tiene tradición de recibir a poblaciones exiliadas.
“El exilio —dice Gabriel Wer— más que categoría institucional es política”. En su concepción el exiliado tiene calidad de víctima, pero también de agencia. Mezclando conceptos teóricos, leyes, ejemplos, lleva la conversación hacia su idea favorita: diáspora.
Gabriel Wer está en varias pistas a la vez. Responde la entrevista sin dejar de teclear en su computadora y cada tanto contesta algo en su celular. No pierde el hilo de la conversación ni mucho menos la lucidez; cita datos y pausa todo cuando quiere ahondar en algo.
Tiene 42 años. Es licenciado en Administración y maestro en Literatura Hispanoamericana. Nació y creció en Guatemala. En el 2015, cuando su país se sacudía con un vendaval de esperanza justiciera que representaba la Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala, la CICIG, comenzó a involucrarse en protestas y se convirtió en activista. Convocó por redes sociales con otras personas a quienes no conocía. Empezó una bola que fue creciendo hasta transformarse en las manifestaciones anticorrupción conocidas como #RenunciaYa. “Eso me metió en un torbellino. Nunca antes me había manifestado ni hecho activismo”, afirma.
Siguió y fundó organizaciones civiles y no gubernamentales como JusticiaYa e Instituto 25A. Fue tejiendo redes entre colectivos, un hacer con el que se sintió pleno. Ya no solo le preocupaba la corrupción sino también la justicia social. Se transformó en figura pública, politizada. Y llegaron las represalias. “Se metieron a mi Facebook, sacaron mis fotos, empezaron a decir que la CICIG pagaba mis vacaciones. Cuando JusticiaYa publicaba cosas, me llegaban coletazos de acoso, amenazas”.
Fueron años convulsos en su país. La presencia de la CICIG y el trabajo de abogados, fiscales y activistas llevaron a la cárcel a personas que hasta entonces se pensaban intocables, como el presidente Otto Pérez Molina, militares, empresarios e integrantes de las élites guatemaltecas.
En venganza, en el 2019 el gobierno expulsó a la CICIG y comenzó la cacería. Los investigadores internacionales abandonaron el país, los locales fueron perseguidos y a los activistas también se les complicó el panorama.
A Gabriel lo acusaron de ser uno de los artífices de una protesta que acabó con las ventanas del Congreso ardiendo en fuego. Algunas compañeras cercanas comenzaron a ser detenidas, a él le llegaron rumores de que iba a ser detenido. Luego hicieron memes con su imagen, difundieron información falsa de su familia y corrió el rumor de dos investigaciones judiciales en su contra.
En enero de 2022 dejó el país. “Ese día fue raro. Yo estaba convencidísimo de que venía por tres meses. Entonces no fue nada triste, sino una necesidad urgente de sentirme tranquilo porque me sentía muy inseguro. Mi papá me dijo: ʻYa no regreses, allá estarás mejorʼ”.
Así llegó a la Ciudad de México un domingo en la noche. Se tomó una cerveza con un amigo sin entender qué estaba ocurriendo. Después durmió mucho y un día, inquieto, tocó la puerta de Creatura, una consultoría donde trabajan personas que han sido solidarias con guatemaltecos. Empezó ahí un camino que lo trae hasta el proyecto que hoy lidera: Casa Centroamérica.
Sintió que el presente de sus paisanos era parecido a la diáspora sudafricana durante el apartheid, cuando millones de personas emigraron a Estados Unidos, Reino Unido y otros países africanos sin poder regresar hasta que Nelson Mandela ganó la presidencia. Tomó una hoja en blanco y trazó el plan: intentar lo mismo que la diáspora sudafricana; no sólo sobrevivir, también convocar al pensamiento y diálogo, apostar a lo comunitario. Levantar desde los cimientos una casa donde quepan muchos exilios centroamericanos.
Hoy Gabriel y decenas de exiliados trabajan en la construcción de ese espacio. Editan un boletín con noticias de sus países. Han conseguido algunos fondos para talleres. Se reúnen para hablar, organizarse, sostenerse en el día a día.
Por ahora ocupan una oficina compartida en Creatura en la Colonia Roma, pero sueñan con tener una casa propia con cafetería y comida de sus países, e incluso habitaciones para recibir de emergencia a quien necesite quedarse. Una casa no como posesión sino como hogar-resguardo. También como mensaje: “Que sepan que existimos”.
Aún sin techo propio, Casa Centroamérica ya definió tres ejes: hacer comunidad y preservar la memoria de sus países; investigar patrones y causas del exilio, y cambiar la narrativa que los rodea. Quieren dejar de ser vistos como posibles pandilleros. “Afuera de la Comar, algunos vecinos pusieron carteles diciendo que no querían migrantes”, cuenta Gabriel.
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Ivannia, que habla mucho hilando ideas con virajes caribeños, relata su vida desde una cafetería en la Narvarte, colonia que hoy llaman Little Managua porque allí se han ido instalando muchos exiliados nicaragüenses. Es hija de un campesino y una cocinera. Nació en 1982 en plena Revolución Sandinista. Creció en ese tiempo que en el pasado significó mejoras concretas para su familia. No lo duda ni un instante,
Tiene la piel aceitunada y una mirada franca: siempre a los ojos. Es psicóloga formada en una universidad pública. Fue docente universitaria y en Nicaragua participó en política de diversas formas. A partir de 2018, en las protestas contra el régimen de los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo, cobró relevancia dentro de movimientos estudiantiles, feministas y populares. Fue una de las líderes de la oposición. El 14 de noviembre de 2019 fue encarcelada. El gobierno había tachado de terroristas a un grupo de 13 personas, entre las que estaba Ivannia. Les sembró armas y los presentó ante las cámaras como “La banda de los aguadores”. Lo que habían hecho: entregar agua a las madres de jóvenes asesinados durante las protestas de 2018. La jugada golpeó de vuelta al gobierno como búmeran: al encarcelar activistas y transformarlos en presos políticos, miles de nicaragüenses respondieron distribuyendo agua. Luis Enrique Mejía Godoy, el trovador de la Revolución, el autor de les compuso una canción. Presos por dar agua a quienes protestan, una postal del régimen vuelto mundo al revés.
En la foto de la detención, Ivannia tiene una gran sonrisa. Entonces no imaginaba que pasaría 47 días presa. Luego vino el arresto domiciliario, le redoblaron la vigilancia, agredieron a su familia y ella prefirió irse.
Aunque lleva tres años exiliada en México, no deja de sentirse en Nicaragua. Solo lee noticias de allá, trabaja en una organización enfocada en vigilar los procesos electorales de su país (Urnas Abiertas) y cocina la comida típica que le enseñó su mamá. “Estoy en una espera constante de regresar. Si hubiese una forma en este momento, yo te dejaría aquí y me iría al aeropuerto a tomar un avión sin pensarlo, sin titubear”, dice Ivannia.
Se asume exiliada y le cuesta arraigarse. Nada la detiene en este país, aunque agradece el buen trato que le ha dado. Lleva tres años en México, pero apenas se compró su primera cama porque no quiere tener objetos que la aten a ningún lugar. Vive dentro de la contradicción: aquí está bien-no quiere estar aquí. Intenta adaptarse, pero no logra hacer planes. “Mi único plan, el único plan seguro que tengo es regresar […] estoy en una espera constante de poder volver".
El softbol le aterriza en el presente y en esta ciudad. Los fines de semana juega en una liga donde ha hecho sus primeras amigas mexicanas.
Otros exiliados políticos también encuentran refugio en México. Cada uno lo vive de forma distinta. Algunos lo resisten con activismo. Otros, con café caliente y pupusas.
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El exilio es presente. Huir es un verbo que se conjuga todos los días en Centroamérica y México, el territorio por donde fluye una marea humana. Once millones de personas atraviesan el “corredor migratorio” hacia Estados Unidos, según datos de la ONU. Un número que ha crecido exponencialmente durante los últimos 15 años.
Se van huyendo de muchas cosas. De la pobreza, porque en países como Nicaragua el 60% de la población sobrevive con menos de 5 dólares al día; y en Guatemala 5 de cada 10 niños padecen desnutrición crónica. También huyen de la violencia, como en Honduras, que en 1990 tenía a 156 000 ciudadanos viviendo fuera y ahora tiene al menos 985 000.
Es la migración masiva, a pie y a la intemperie de violencias múltiples. La que a veces miramos en caravanas, pero muchas otras veces sufriendo operativos de la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración.
Además de esa marea humana que intenta cruzar México —y muchas veces decide afincarse aquí—, a partir del 2018, aproximadamente, empezó también a llegar migración de éxodos políticos: de Nicaragua para huir del camino represivo que tomó lo que fue una revolución, de Guatemala por la persecución judicial que se desató después del cierre de la CICIG, y de El Salvador salen quienes sufren las consecuencias de opinar en contra del presidente Nayib Bukele y sus aliados.
Las personas consultadas para este reportaje son conscientes de que les tocó llegar de una forma privilegiada. Algunos en avión, otros por tierra, pero siempre con redes de apoyo que marcan una gran diferencia con quienes van a la intemperie.
Coinciden en que los funcionarios mexicanos los han recibido muy bien y que las leyes migratorias son buenas, aun cuando encuentran instituciones saturadas. “Mi solicitud de refugio era la 108 000 ¡en el mes!”, cuenta Ivannia. La burocracia mexicana, en la que las migraciones masivas encuentran pocas respuestas, no es igual con los exiliados: tardan poco en concederles el refugio, les facilitan documentación e incluso los ayudan con múltiples trámites. Algunos exiliados ya están nacionalizándose.
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Hoy Gabriel Wer se mueve por la capital mexicana con soltura e incluso disfrute. Pero en los últimos años, no todos sus días fueron así: “Mi vida era Guatemala aún en México. Cerrar la compu a las 10 de la noche y solo estar conectado con Guatemala por redes. No tenía arraigo a México, estaba aquí en cuerpo, pero mi corazón y cerebro allá. Comencé a tener terapia y mi terapeuta me dijo que son síntomas. Sentí alivio de lo que estaba nombrando”.
Se asumió como exiliado, aunque le sigue incomodando esa palabra. “Es como nombrarme artista, unos zapatos muy grandes que usar porque para mí la figura del exiliado era de la gente que enfrenta grandes luchas […] Me ha costado nombrarme desde ahí, nunca digo: ʻSoy exiliadoʼ”.
Tampoco quiere sentirse en una ruleta rusa esperando el tiro que le pueda tocar. Entonces puso un plazo: se queda aquí hasta 2026, cuando la actual fiscal de su país deja el cargo: Consuelo Porras, a quien describe como “abierta adversaria de toda protesta social”.
Mientras tanto, intentará seguir construyendo la Casa Centroamérica y pedirá que le traigan la biblioteca que dejó en su tierra. Salió al exilio con solo un libro, El papel de la belleza (Ediciones del Pensativo, 2020), del poeta desaparecido Luis de Lión.
Durante este año
a pesar de nuestros escritorios destruidos,
a pesar de que hasta el viento nos espía,
a pesar de nuestra desnutrición y nuestros harapos,
hemos aprendido a soñar,
a soñar como peces en un agua solidaria y descontaminada,
a soñar en uno con oxígeno sin smog y sin tiranos,
a soñar. Y esto es bastante.
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Amarilis Acevedo es una de las más recientes exiliadas.
Es treintañera, universitaria y militante política. Se fue de Nicaragua hacia Costa Rica, pero cuando quiso regresar a su país le negaron la entrada con argumentos burocráticos. Entendió que exiliarse sería el único camino para no acabar presa. Emprendió el camino a México. “Me costó asumirme como exiliada porque había salido con una beca de estudio, me había sentido privilegiada”.
Vive buscando puertas. Se ha sumado a Casa Centroamérica y desde aquí sigue con el activismo que la sacó de su país. Para ella el exilio es tener una vida un poco más cómoda: aquí puede llevar un seguimiento médico porque los estudios son más accesibles; se siente segura en la calle, sin acoso sexual o político porque aun siendo este un país machista, dice “en cinco meses solo una vez sufrí acoso callejero. Las formas de violencia en Nicaragua son más constantes, más recurrentes, más evidentes”. De México como de Costa Rica destaca una particularidad de su exilio como mujer: ha podido vestirse como quiere. En Nicaragua no ocurría.
Conserva como amuleto una bujiíta que está junto a su cama. Bujía llaman allá a lo que aquí le decimos foco, y en este caso no es un foco cualquiera: era parte de los “chayopalos”, como bautizaron a las esculturas metálicas con forma de árbol que la entonces vicepresidenta, Rosario Murillo, instaló en Managua. En 2018, durante las protestas populares, los manifestantes derribaron 20 chayopalos. De ahí viene la bujiíta: un trofeo de la lucha contra el régimen.
Amarilis también extraña a su familia y sus amigos, pero dice vivir el exilio con menos angustia. Cada uno sobrelleva el destierro como puede. Como Gabriel e Ivannia, Amarilis reflexiona en torno de las categorías, en su caso pasa por un tamiz teórico. “No se puede hablar de exilio sino de exilios”, dice y sonríe.
Son exilios determinados por las condiciones socioeconómicas, de clase, de ideología política que no se quedan en el país, sino que van con ellos y que complejizan la construcción de una comunidad en medio del desarraigo y el estrés postraumático del acoso político-judicial. Explica Gabriel: “El exilio es nivelador, pero no dejan de existir estas diferencias. Y vivirlas se hace complejo cuando quieres hacer comunidad”.
Con Gabriel al mando de Casa Centroamérica, aceptan las diferencias y tratan de no borrarlas sino asumirse diversos, integrar el amplio espectro donde hay personas con ideología de izquierda y conservadora. Se acompañan tanto en la nostalgia como en los trámites burocráticos. Cocinan juntos, debaten en torno de la injusticia que es enemigo común y tienen siempre en medio un café caliente que es infaltable marca centroamericana.
Casi sin buscarlo han encontrado una identidad. Ahora se nombran centroamericanos.
Dice Gabriel: “Se empiezan a borrar las líneas de nuestros países y se empieza a ver lo que tenemos en común: el exilio, la admiración por nuestras culturas, las pupusas, las playas. Nos damos cuenta de que no somos tan diferentes”.
----- (texto 2: Exilio y justicia) -------------------------------------
Guatemala instauró un sistema de justicia que se convirtió en un referente regional: reveló redes de corrupción entre políticos, empresarios y militares. El presidente terminó tras las rejas. Sin embargo, los pactos de impunidad resurgieron.
Paula Mónaco Felipe y Daniela Rea
Mayo del 2021. Aníbal Argüello, licenciado en derecho y analista criminal en la Fiscalía General de Guatemala, había logrado unir todos los eslabones de una sofisticada red de contrabando en las aduanas, vinculando a altos mandos del país. Su recompensa: terminó en la misma prisión que aquellos a quienes había investigado.
En una celda, Otto Pérez Molina, el expresidente que fue encarcelado gracias a su trabajo. A unas cuantas celdas de distancia, Aníbal.
Febrero del 2022. En el mismo penal militar, Mariscal Zavala, fue encerrada la fiscal Siomara Sosa. Sus investigaciones destaparon casos de corrupción entre funcionarios de alto nivel. Ahora compartía espacio con sus propios acusados: Héctor López Bonilla, exministro de Gobernación, y Héctor Rodríguez Heredia, militar de la Policía Nacional, ambos enriquecidos de manera ilícita.
Esos años en que Siomara y Aníbal estuvieron presos fueron la cúspide del acoso y persecución política que comenzó en 2019 con el cierre definitivo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un cuerpo creado por organismos internacionales para apoyar al Estado guatemalteco en la investigación de delitos cometidos por autoridades.
El cierre de la CICIG desató una cacería. Fiscales, jueces e investigadores que habían participado en los juicios más importantes fueron perseguidos. Tuvieron que abandonar sus investigaciones, renunciar a sus puestos y, en muchos casos, huir del país.
Hoy, más de 50 impartidores de justicia guatemaltecos están exiliados en distintas partes del mundo. Son fiscales, abogados, jueces, investigadores. Algunos están en México, como Siomara y Aníbal.
“Desde ahí se veía que en su celda Otto Pérez Molina tenía un departamento con otros funcionarios. Desde nuestra celda veíamos ingresar trabajadoras sexuales, hieleras con sodas, restaurantes, los viernes cantaban en la noche”, cuenta Aníbal una mañana de verano en un departamento de la Ciudad de México.
Siomara vivió un encierro diferente. Pasó sus días en una bartolina; es decir, casi aislada, con derecho a solamente una hora de sol cada día. Cuando su litera se rompió, los custodios enviaron a dos reclusos a repararla: eran dos funcionarios que ella misma había ayudado a encarcelar. “Lo pienso como una de las muchas formas que encontraron para amedrentarnos”, dice Siomara.
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En 2006, un movimiento ciudadano que crecía en las calles, en las escuelas y en algunas instituciones públicas de Guatemala, logró la instalación de la CICIG. Para muchos fue un atisbo de esperanza. Siomara y Aníbal eran dos de esas personas que, en distintos tiempos, en distintas oficinas y por distintas motivaciones, compartían deseo de justicia y voluntad para cambiar las cosas.
Para Aníbal, la justicia era algo personal. Su tía Alba se exilió en Nicaragua en 1980 tras el asesinato de sus compañeros de un movimiento estudiantil durante el Conflicto Armado Interno. Durante el exilio se embarazó y murió en el parto. De esa experiencia quedó flotando en su familia una advertencia: “No te metas con el gobierno porque te va mal”. Pero él prefirió inspirarse en su tía para luchar por la justicia. A sus 32 años se convirtió en el segundo exiliado de su familia.
Siomara, ahora con 49 años, nació en una familia humilde que amaba su tierra. Aprendió a nadar en un río y a pescar con su papá. De niña quería ser hombre porque ellos tenían permitido hacer cosas que las niñas no, como montar a caballo.
Creció en un país donde la mitad de los niños viven con desnutrición crónica, en Guatemala donde la principal causa de muerte infantil son resfriados y diarreas, como en el siglo XVIII, enfermedades relacionadas con la desnutrición y la falta de acceso a medicina básica. Allá las personas, por estadística, morirán una década antes que quienes viven en cualquier país de Europa.
Cuando Siomara se convirtió en madre, estudió derecho para ofrecer a sus hijos una vida mejor. Combinaba la escuela con un trabajo como asistente de abogados: sacaba copias y hacía mandados hasta que una amiga le prestó un libro sobre historia de Guatemala, y eso, sumado a su infancia —dice—, “me despertó lo social”.
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Aníbal trabajó en investigaciones sobre el conflicto armado y derechos humanos hasta que en 2012 se integró a la Dirección de Análisis Criminal de la Fiscalía. Su trabajo era encontrar autores, patrones, relación de propiedades, dinámicas de hechos y así empujar juicios sobre crimen organizado, defraudación fiscal y narcomenudeo. Su rigor como investigador lo llevó a la CICIG donde se sumó a investigaciones de casos importantes, entre ellos el que se conoce como “La Línea”, un caso de corrupción que reveló una sofisticada red de contrabando en las aduanas, con la vicepresidenta Roxana Baldetti y el presidente Otto Pérez Molina en el centro de la trama. Aníbal coordinó a 14 personas para graficar llamadas, armar estructura, descifrar modus operandi. En dos meses armaron la investigación y comprobaron la responsabilidad del secretario particular de Baldetti.
Abril de 2015. El caso se presentó ante tribunales y se convirtió en una bomba. La Línea era apenas una muestra de algo mucho más grande: la captura de instituciones públicas desde el Poder Ejecutivo para dar contratos, lavar dinero y enriquecerse de forma ilícita. Aníbal se lo advirtió a sus compañeros de oficina: “Prepárense porque van a ir contra todos, nos la van a cobrar. No va a haber quien se quede libre de esta. Van a ver que nos encuentran lo que sea”. Y justo eso fue lo que pasó. Les fabricaron delitos.
Siomara trabajó en la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI, adscrita a CICIG) entre los años 2014 y 2018. Fue parte de importantes investigaciones. Una, aquella con la que encarceló al ministro de Gobernación y otra veintena de personas, conocida como “Caso Patrullas”; otra contra Adolfo Vivar, alcalde de Antigua, condenado a 16 años de prisión por lavado, fraude y malversación, y la investigación de corrupción con la empresa Odebrecht.
En este caso, durante el proceso, Siomara y su jefe, Juan Francisco Sandoval, viajaron a Brasil a tomar la declaración de los empresarios, acompañados de un cónsul de Guatemala para legitimar jurídicamente el proceso. De ellos obtuvieron declaraciones cruciales, números de cuentas bancarias, cantidades y empresas a las que les habían depositado 19 millones de dólares en sobornos dirigidos tanto al exministro Alejandro Jorge Sinibaldi Aparicio como al entonces candidato presidencial oficialista, Manuel Baldison.
Mientras en su trabajo se daba cuenta de la corrupción, el abuso de autoridad y el desvío de fondos públicos, Siomara recordaba su infancia: escuelas casi destruidas, baños sucios y sin agua, pupitres desarmados. “En aquel entonces yo miraba eso como normal”, dice, pero al entender el entramado de complicidades, cuestionó eso que había normalizado. “La corrupción que chupaba los fondos públicos para desviarlos a cuentas privadas y que no llegaran a su destino, a escuelas como en las que estudié. Eso me comprobó que no había un bien común en el país”
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El trabajo de la CICIG y de investigadores como Siomara y Aníbal representó el fin político de Otto Pérez y su partido. Como castigo por la corrupción comprobada, el pueblo votó por la oposición con Jimmy Morales para la presidencia. Sin embargo, Morales traicionó ese clamor de justicia con dos jugadas: en el 2018 nombró a Consuelo Porras como la nueva fiscal general, y ante la ONU anunció la cancelación del mandato de la CICIG. Para que no quedaran dudas de su decisión envió tanquetas militares a las oficinas del organismo en Guatemala.
Esas acciones del presidente Morales fueron las señales del revés a los procesos de justicia que habían puesto a Guatemala a la vanguardia de América Latina —incluso del mundo entero— en la investigación y castigo a los actos de corrupción y enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos.
La CICIG había sido un ejemplo de lo bueno que se puede lograr, pero también una advertencia para el resto de los gobiernos, élites y poderosos de la región que vieron amenazada su propia impunidad al comprobar los alcances que podía tener un organismo como ese.
Con la advertencia en el aire, Aníbal prácticamente se fue a vivir a la oficina para cerrar las investigaciones que tenía pendientes y formalizarlas como denuncias en el Ministerio Público, antes de que todo se viniera abajo. “Yo quería dejar en la historia de Guatemala la fotografía de quienes fueron los corruptos, quitarles esa máscara, (y mostrar) lo que realmente son y de cómo realmente funciona el país”. El 31 de agosto del 2019 fue el último día de la CICIG. Para Aníbal inició un gran duelo.
Estrenada en su cargo como fiscal general, Consuelo Porras emprendió la estrategia de perseguir para encarcelar a los investigadores de la FECI y la CICIG. Los integrantes extranjeros de la CICIG —que tenían inmunidad por su trabajo— dejaron el país y los funcionarios locales que no tenían inmunidad, como Siomara y Aníbal, quedaron expuestos, convertidos en la carne de cañón que recibió la embestida del poder político, empresarial y militar de Guatemala.
Fueron tiempos de terror. Los casos fueron archivados, las pruebas ignoradas y los acusados comenzaron a salir de prisión. Paralelamente, se intensificó la persecución contra quienes habían impulsado esas investigaciones. Llegó la oscuridad de ser señalado, acusado, detenido y encarcelado.
Mayo de 2021. Juan Francisco Solórzano Foppa, quien había sido el jefe de Aníbal, fue detenido. Arrestar a una cara visible, a un funcionario de perfil público y nieto de la poeta y activista desaparecida Alaíde Foppa, fue una señal contundente.
Aníbal supo que tenía los minutos contados. Esperó en su casa a que llegaran por él. “Yo sabía que no debía nada, por eso me quedé a enfrentar la justicia”, dice. Se vio rodeado de fiscales y policías que se resistían a esposarlo porque lo conocían, respetaban su trabajo. Finalmente lo hicieron. Le tomaron una fotografía que circuló veloz en redes sociales.
Aníbal estaba acusado de asociación ilícita y conspiración, delitos graves castigados con 30 años de prisión. El argumento fue que él, junto con Foppa, al querer crear un partido político luego del cierre de la CICIG, incluyeron entre las firmas de respaldo la de una persona fallecida. Para Aníbal, que conocía bien el sistema de justicia, se trataba de una persecución política porque un tema administrativo no ameritaba detención porque antes que detenerlo debieron citarlo a declarar y porque había otra veintena de partidos en la misma situación y solo fueron por ellos: “Nos dimos cuenta que esto era una venganza, por eso no iba a permitir que me vieran destruido”, dice Aníbal.
Ese mismo año denunciaron también a Siomara y su equipo. Lo hizo Ricardo Méndez Ruiz, representante de la Fundación Contra el Terrorismo, una asociación fundada en el 2013 para defender a veteranos militares que podrían ser detenidos por crímenes cometidos durante el Conflicto Armado. Méndez Ruiz los acusó de “abuso de autoridad en cumplimiento de deberes”, por haber ido a Brasil a levantar la declaración de los empresarios de Odebrecht. Siomara pasó semanas durmiendo fuera, en casa de amigos, cada noche en un lugar distinto para que no la detuvieran. Durante la persecución incluso allanaron la casa de su mamá.
Febrero de 2022. Ordenaron su captura. “Ahí sí ya me descompuse, me puse muy mal”, recuerda Siomara desde la Ciudad de México, un año después de haber llegado exiliada. Segura de su inocencia, se presentó ante los tribunales para entregarse, pero nadie la quería detener.
Lo que pasó en esos días rayó en el absurdo: Siomara se entregó, pero el expediente no había llegado al juzgado; llegó el expediente, pero el juez estaba ocupado; el juez se desocupó, pero no quería recibirla porque tenían que apresarla, pues tenía una orden de captura. “Querían verme detenida y esposada [...] todo esto era, era una cuestión más política, de otra cosa”, dice.
Finalmente, el 15 de febrero la llevaron a la prisión de mayor seguridad, dentro de un cuartel militar, en el mismo lugar donde estaban encarcelados el presidente Otto Pérez Molina, el ministro de Gobernación Héctor Mauricio López Bonilla, y el militar Jefe de la Policía Héctor Florentino Rodríguez Heredia. “Toda la mata de los corruptos que nosotros habíamos investigado”, dice.
Febrero de 2022. Durante la primera audiencia de Siomara estaba Méndez Ruiz, representante de militares y quien la acusó en venganza por el caso Odebrecht. Al verla se puso de pie y le dijo: “[Usted] se va a quedar en prisión para toda la vida porque usted es una soberbia, y la soberbia solo le pasa por haber salido de la cocina”.
No fue menor lo que Siomara logró en la FECI. Descubrió la corrupción estatal con una empresa privada y congeló los bienes de los funcionarios involucrados. “Ese es el verdadero meollo de toda esta venganza. Nosotros les congelamos las cuentas”. En 2025, Siomara está exiliada y a los funcionarios les regresaron sus bienes.
Estuvo presa 25 días. Después salió de la cárcel y llevó su proceso en libertad con la obligación de firmar cada semana y permanecer en Ciudad de Guatemala. Le quitaron su pasaporte, aunque no era necesario. Ella no pensaba escapar, quería quedarse a demostrar su inocencia.
Aníbal recuperó su libertad después de pasar 23 días encarcelado, pero siguió el proceso durante meses de audiencias retrasadas, suspendidas y canceladas. Finalmente, como estrategia legal, decidió aceptar delitos que no había cometido para solicitar un procedimiento abreviado. Al no tener antecedentes, solo pagó una reparación. El 2 de mayo del 2021, por la tarde, terminó el procedimiento en su contra. La madrugada del 3 de mayo salió exiliado de Guatemala.
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A Siomara y Aníbal los persiguieron de una forma que se ha hecho común en Guatemala, un método que parece inofensivo, pero acaba siendo terrorífico. Iniciaron campañas en redes sociales para construirles una imagen de criminales, usaron fotos privadas e hicieron mofa con las fotos de su detención. No exageran en llamarlo acoso: Aníbal, obsesivo con los datos, ha reunido muchos posteos en contra de impartidores de justicia, activistas y periodistas lanzados desde cuentas pagadas que operaban con los mismos métodos del conflicto armado, con el objetivo de neutralizar cualquier intento de organización por la justicia.
Parece inofensivo, pero no lo es: ese tipo de campañas en redes sociales manejan cientos o miles de cuentas fantasmas que insultan, criminalizan, ridiculizan y generan información falsa para socavar la credibilidad de una vida, de un nombre, de una persona y sus familias.
El estrés y la ansiedad en ambos llegó a niveles preocupantes. Todas las noches Aníbal metía su computadora en una bolsa de basura y la escondía fuera de su casa. Era parte de la psicosis ante la posibilidad de que le abrieran más procesos. Fue su límite para que, como familia, junto a su esposa, su hija y una bebé por nacer decidieran dejar Guatemala.
Fuera de su país, Aníbal dio una entrevista en la que decía que el sistema de justicia estaba contra él, construyendo casos sin fundamento. Al día siguiente dos mantas con su rostro y la palabra “corrupto” aparecieron colgadas en Ciudad de Guatemala. Cree que fueron puestas por orden de alguna de las personas a quienes él investigó.
Siomara llevaba el juicio en libertad, pero le dictaron sentencia a una compañera de la FECI y esa noticia fue la certeza de que no se trataba de justicia, sino de una venganza, que hiciera lo que hiciera a ella también la condenarían. El primer día de febrero de 2023 hizo una maleta con dos mudas de ropa y se fue.
Llegó a México sin documentos, por la misma ruta que usan cada año más de 80 000 migrantes guatemaltecos. Por el río Suchiate, sobre una lancha hecha con neumáticos y tablas viejas. “Ese fue de los momentos más dolorosos de toda mi vida. Cuando estaba en la fiscalía trabajaba por revelar las redes de corrupción de funcionarios que se roban el dinero del pueblo, soñaba con devolver ese dinero al pueblo para mejorar las condiciones de vida de todas las personas, por no repetir la historia de mi familia que tuvo que irse de mojada a Estados Unidos para tener una mejor vida. Verme ahí, sobre esa lancha, rodeada de compatriotas migrantes, fue como encontrarme peleando conmigo misma. Me quería tirar al río para volver a Guatemala y terminar mi trabajo”.
En México le dieron refugio por persecución política. A la distancia y desde el exilio, Siomara piensa en lo que la justicia significa para ella. Cuando daba clases en la universidad solía decir a sus alumnos que de ese salón saldrían futuros fiscales, abogados y magistrados: “Ustedes deben tener conciencia de que van a tener la vida de personas en sus manos”, les decía. Después, el verse expuesta con esposas fue muy doloroso. Y siguió el dolor ahondando porque además de los dos casos que se abrieron en su contra, le llegó un tercero que le iniciaron cuando ya estaba exiliada en México. Las tres causas están detenidas, prueba de que solo se usaron para obligarla a irse. “Yo creía en el sistema de justicia y por eso me había sometido desde el primer día, pero creo que fui muy ingenua”.
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Siomara y Aníbal entienden que son blanco de una venganza por haber desnudado la corrupción. Y no son los únicos. Medios locales calculan que al menos 86 jueces, fiscales, periodistas y activistas han sido perseguidos judicialmente. El periódico Plaza Pública documentó que durante la gestión de Consuelo Porras ha habido al menos 117 personas criminalizadas: periodistas, políticos, abogados, académicos, sindicalistas, activistas. De todas ellas, una de cada seis es fiscal.
Siomara y Aníbal entienden, pero no se resignan. Hay días que se hacen largos, extrañan a su familia, su tierra. Se mantienen en pie, aunque a veces también les gana la nostalgia.
Siomara camina por parques que le dan paz. Habla por teléfono con otros abogados y fiscales que andan lejos también. Imagina formas de continuar peleando por la justicia en Guatemala, y trata de seguir cerca de sus hijos, al menos por llamadas.
Aníbal continúa sumando datos, conectando hilos. De día cuida a sus hijas y disfruta la vida con su esposa Sandy. Pero quisiera volver a su país. “En Guatemala las élites tienen capturado al Estado y es tal la captura que cada vez que ese pacto de impunidad se ve puesto en evidencia, se reacomoda y aprieta a quien los esté exhibiendo. Yo quiero volver a dar la lucha, que al menos esas élites tengan el costo moral de la vergüenza”, dice.
Esas élites políticas, económicas y militares, las que Siomara y Aníbal desenmascararon, representan a mucho menos del 1% del país y concentran el 50% de la riqueza de todo Guatemala, según datos de Oxfam. A un ciudadano promedio le tomaría 387 años ganar los mismos ingresos que percibe en un mes alguno de los millonarios guatemaltecos. Así de grande es la desigualdad en el país. Esto se traduce en desigualdad, en que las niñas indígenas de Guatemala no puedan comer lo suficiente como sí lo hacen las niñas no indígenas; en que esas niñas indígenas crezcan hasta 14 centímetros menos que las niñas no indígenas.
Ese es el país que Siomara y Aníbal quieren cambiar, el motivo de su trabajo, el motivo también de tener que huir de ahí.
A veces, cuando siente que ha extraviado el sentido, Aníbal toma un libro del poeta Otto René Castillo. Avanza en las páginas hasta que encuentra el poema “Vámonos Patria a caminar” y entonces confirma lo que ha pasado durante los últimos años.
Yo bajaré los abismos que me digas.
Yo beberé tus cálices amargos.
Yo me quedaré ciego para que tengas ojos.
Yo me quedaré sin voz para que tú cantes.
Yo he de morir para que tú no mueras.
----- (texto 3: Mujeres en el exilio) -------------------------------------
Migrar como mujer es más peligroso que hacerlo como hombre; pero a estas mujeres no las detuvo el acoso de la Interpol ni las redes de trata del sureste mexicano, y han logrado sortear el desafío de maternar a la distancia o en un país completamente ajeno.
Por Daniela Rea y Paula Mónaco Felipe
Migrar es partir; exiliarse es huir. Salir a prisa, planeando poco, dejando mucho. Cada paso es un intento por salvar la vida, la integridad y la familia. Porque salir no implica solo dejar una tierra, una historia o los objetos, es también el suspenso de una vida a medio andar.
Sandy tuvo que exiliarse cuando estaba a punto de parir.
Chaparrita y enérgica, habla mientras revisa su celular. Es comerciante y suspendió su ejercicio profesional por el nacimiento de Paula, su primera hija. En esa época Aníbal, su esposo, comenzó a trabajar en las instituciones de administración de justicia de Guatemala.
Él era parte de la Dirección de Análisis Criminal de la Fiscalía, luego de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Sandy sabía que Aníbal investigaba importantes casos de corrupción y prefería no conocer los detalles para protegerse como familia. Pero cuando veía una noticia en televisión, algún allanamiento importante, la curiosidad le hacía hilar pistas que le permitían entender la relevancia del trabajo de su esposo.
Sandy compartió poco tiempo con Aníbal durante el primer embarazo. Él pasaba muchas horas en la oficina armando el análisis macrocriminal de grandes casos de corrupción, ella preparaba la llegada de Paula. De pronto, ocurrió todo: nació la bebé, estallaron los escándalos, y pusieron fin a la CICIG. Aquellos fueron días de enojo y tristeza. Aníbal enfermó de hepatitis A y estuvo al borde de la muerte, pero la persecución judicial que sufrió no le permitió siquiera guardar reposo.
Un día llegaron por él, se lo llevaron preso. Práctica, operativa y gestora, Sandy reaccionó. Con su bebé en brazos se encargó de contener a la familia, responder mil mensajes y organizar la defensa. Después de la irrupción policial en su casa, se quitó la pijama, se puso el traje más elegante que encontró y salió rumbo al juzgado. “A mí no me van a ver llorando si eso es lo que quieren”, pensó aquella mañana.
El trabajo de su esposo, hasta entonces secreto, quedó expuesto ante todos. Los vecinos del barrio lo reconocieron como el funcionario que había metido preso al presidente, pero eso también lo sabía el propio presidente. Después de la detención de Aníbal, vinieron audiencias que se extendieron intencionalmente para amedrentar a los acusados. La pareja entendió que debía irse del país tan pronto como fuera posible y trazaron un plan. Aníbal aceptó los cargos que se le imputaron y solicitó un procedimiento abreviado como estrategia jurídica, mientras Sandy se encargó de los trámites necesarios para una decisión inminente: el exilio. El 3 de junio de 2022, cuando Aníbal obtuvo oficialmente su libertad, Sandy ya tenía todo listo para huir y empezar una nueva vida. Compraron boletos de avión, avisaron sólo a sus padres y esa misma madrugada volaron a Costa Rica. “Con nueve maletas, nuestra vida en Guatemala salió en nueve maletas”, dice Sandy ahora sentada en un departamento en la Ciudad de México.
Nueve maletas, una niña en brazos y una barriga de ocho meses. Sandy lo cuenta sin llorar, sin tristeza, porque la salida no fue para ella una tragedia, sino la posibilidad de un nuevo comienzo. Se rehúsa a llamarlo exilio porque no quiere provocar lástima. “Cuando aterrizamos en San José (Costa Rica) nos sentamos, nos miramos ¡y sentimos una paz! Esa noche dormimos como nunca”. Costa Rica fue la primera parada, un trámite para sacar las visas que les permitieran ingresar a México, su destino final
En Costa Rica fueron pocos, pero dolorosos días. Paula, su bebé, lloró una semana completa. Cuando las visas estuvieron listas volaron a México. Sandy ya estaba a días de parir a su segunda hija, pero eso no la detuvo. Apenas aterrizaron, con la barriga a tope, acudió a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) a solicitar refugio. Luego al Instituto Nacional de Migración (INM) para tramitar su residencia y pronto consiguieron un departamento para instalarse. Los ahorros para comprar la casa soñada en Guatemala los usaron para armar un hogar aquí.
La madrugada del 26 de julio de 2022, en la Ciudad de México, nació Pilar, su segunda hija. Fue un parto difícil porque se sentían solos. Sin embargo, también fue crucial para Sandy: el motivo para echar raíces en esta nueva tierra. “Yo amaba México y ahora lo amo más. Nos recibieron. Yo me siento ya de verdad mexicana”.
Hoy se dice —y se ve— feliz. Se ha desconectado de Guatemala, ya no sigue todas las noticias locales. Extraña a su familia y amigos, pero los ven con frecuencia. Es una suerte. Habitan un departamento invadido de juguetes que sus abuelos y tíos mandan a las niñas, para hacerse presentes. Huele a café. Sobre la mesa hay champurradas y un panito de manteca, típico de Guatemala.
* * *
Las madres exiliadas no siempre pueden llevar a sus hijos consigo. Siomara, fiscal guatemalteca perseguida por investigar casos de corrupción, sufre la distancia con su hijo menor. Durante los primeros meses de su salida las cosas con él estaban bien, pero luego ya no: se acabaron las buenas calificaciones, vive enojado y pelea con su hermana mayor. Cada vez que ella le dice: “Por favor, báñate”, o cualquier otra cosa de rutina, sin demasiada importancia, el muchacho responde: “No eres mi mamá; no me digas nada”.
Antes de su exilio Siomara recuerda que eran una familia feliz. Vivían juntos en su casa, como cualquier familia. Aquella familia aún existe, pero se ha convertido en un eco disperso en diferentes países, reducida a voces por WhatsApp y a veces también silencios. Cuando huyó, perseguida por los políticos, empresarios y militares a quienes había denunciado, su hijo tenía 16 años. Ahora cumplió 18 y el paso del tiempo no ha facilitado las cosas. De este lado no encuentra cómo resolver la situación: “Quisiera traérmelo, pero ni siquiera para mí tengo seguridad ni estabilidad”.
Brota entonces una tristeza densa, profunda, que ablanda a esa mujer fuerte que creció en el campo entre carencias, estudió hasta lograr ser quien quería y metió presos a muchos funcionarios, incluso al presidente de su país. Ahora, lejos de sus hijas y de su hijo, ya no piensa tanto en qué seguirá, se enfoca en el presente “sin tanto afán por el futuro”.
Pálido fantasma de sí misma
surgía del naufragio
como una creatura intemporal.
Grácil convaleciente
se atrevía
a dar algunos pasos,
a llevar su mirada húmeda
sobre un mundo vago y tierno,
y otra vez el miedo.
[...]
El poema fue escrito por Alaíde Foppa, escritora feminista, guatemalteca como Siomara. También vivió el desarraigo de su país. Llegó a México y desde aquí nombró aquello que le provocaba dolor y las ausencias que la marcaron en ese destierro; como lo nombra este poema inédito encontrado por la escritora mexicana Diana del Ángel y publicado bajo el sello editorial de Antílope.
[...]
Como una niña que despierta en la noche,
esperaba la mano grande,
dulcemente pesada,
que se posara
sobre su corazón enloquecido.
* * *
Ivannia, la opositora nicaragüense, vive en su cotidiano la presencia del exilio y la persecución política. Habla de eso en entrevistas, en juntas por Zoom, e incluso lo hizo ante un foro de Naciones Unidas cuando la invitaron a dar su testimonio en Ginebra. Pero cuando se nombra la palabra futuro, llega el silencio. Se acaba su postura cómoda, entra en profundidades de su ser.
Como Alaíde Foppa, mucho escribió el poeta Juan Gelman acerca del exilio. Tuvo que huir de su país, Argentina, porque la dictadura militar lo perseguía. Dejó atrás a un hijo desaparecido, a una nuera embarazada también desaparecida y a una nieta que había nacido en cautiverio. A ella, a Macarena, la encontró y conoció décadas después.
No debiera arrancarse a la gente de su tierra o país,
no a la fuerza. La gente queda dolorida, la tierra queda
dolorida.
Nacemos y nos cortan el cordón umbilical. Nos
destierran y nadie nos corta la memoria, la lengua, las
calores. Tenemos que aprender a vivir como el clavel del
aire, propiamente del aire.
Esto escribió Gelman y así anda Ivannia, con el cordón umbilical cortado y la memoria intacta. Vive alerta, siempre, a la posibilidad de volver.
—No tener pareja, no tener un perro. No haría algo de meterme a deber por dos años, no haría esas cosas. Ni hacer crédito ni comprometerme con nadie […] Porque pienso: “¿Y si me voy?”. Son compromisos.
—¿No enraizarte te da tranquilidad o te agobia?
—Es una lucha. Yo quisiera ser como esas personas que se andan casando y tienen hijos, pero no se me da.
No se le da. ¿Cómo? Si el cuerpo está aquí, pero el corazón allá.
* * *
Fue una mañana en una carretera de Monterrey. En el carro viajaban Bertha, su hija de 6 años y una amiga. De pronto, vehículos de la Interpol las interceptaron en un operativo con armas, gritos y violencia. “Conmigo no te la llevés de bravita porque te vamos a esposar”, le dijo un agente.
La niña lloraba, aterrada, convencida de que las estaban secuestrando. Bertha —abogada y fiscal durante ocho años— exigía que le mostraran la orden judicial. No la tenían. Sabía que aquél era un procedimiento viciado y un operativo desmedido contra tres mujeres —dos adultas y una menor— que no portaban armas ni representaban peligro.
Aunque parecía un asunto criminal, ella tenía en claro que se trataba de un proceso familiar. Una causa cargada de revanchas políticas y de género porque ella, Bertha María de León, abogada reconocida en El Salvador y figura pública que ganó casos emblemáticos de violencia de género contra mujeres, se había ido de aquel país llevándose consigo a su hija menor, a quien por seguridad llamaremos L.
Había escapado no sólo del peligro que representaba su exmarido tras un divorcio conflictivo, sino también de la amenaza política que cernía sobre ella. Tras haber sido abogada defensora de Nayib Bukele cuando era alcalde de San Salvador, criticó públicamente sus primeras decisiones como presidente. El precio fue alto. Le llovieron ataques en redes sociales, amenazas, odio. Ya eran dos hombres quienes querían cobrarle cuentas: su exmarido y el máximo mandatario. Entonces decidió irse sin avisar, fingiendo vacaciones.
Se fue primero a Estados Unidos con el plan de llegar a Islandia, el país donde encontraba mejores condiciones para casos como el suyo. Pero una orden internacional que cancelaba la visa de su hija le impidió tomar el vuelo a Reikiavik.
Entonces llegó a México. Regularizó sus documentos, consiguió la condición de refugiada y se instaló en casa de una amiga en Monterrey. Lo que no sabía era que el padre de su hija la vigilaba: la niña llevaba consigo una tableta con geolocalización activada. También le pedía a L que le mandara fotos del lugar donde vivían y así pudieron localizarlas y detenerlas.
Sin permitirles recoger documentos ni pertenencias, con L en pijama y Bertha en pants, con apenas 500 pesos que su amiga pudo darles, los agentes de la Interpol las trasladaron en avión a la Ciudad de México para someterlas a proceso judicial.
L no paraba de gritar y llorar.
A las 11 de la noche, en el Juzgado Noveno de lo Familiar, tuvieron audiencia. El cónsul salvadoreño no la ayudó, más bien intentó presionar a la jueza para que enviara a la niña con su padre. Fue una agente quien le dijo a Bertha lo que realmente estaba en juego. Cuando la llevó al baño le dijo: “Esto se lo voy a decir como mujer, arregle los problemas que usted tiene con el presidente […] con el presidente de El Salvador. Usted le quedó mal a él, arregle los problemas. Yo no sé cuál es el problema, pero todos los días hablan de la cancillería de El Salvador para que la localicemos”.
Hoy Bertha lo ve claro: su exesposo, un hombre controlador, se alió con otro hombre, el presidente, que no perdona críticas públicas. Como revancha quieren quitarle a su hija y la persiguen judicialmente. Le han iniciado al menos cinco procesos, la han sentenciado en ausencia y tiene orden de captura vigente en su país.
Esa madrugada de mayo de 2022, la jueza de la Ciudad de México decidió el no retorno de la niña y dictaminó que debía permanecer con su madre, ambas en calidad de refugiadas. Pero las obligó a quedarse en esta ciudad. “Ese era el final feliz —dice Bertha—, pero empezó la pesadilla de cómo establecerte en una ciudad donde no tenés nada”.
Sin conocidos, dinero ni red de apoyo, ¿cómo rentar un departamento si nadie puede ser tu garantía?, ¿cómo y dónde conseguir trabajo mientras se cuida a una niña pequeña y se enfrenta una intensa batalla jurídica?
Bertha sabe que el exilio es aún más difícil aún para las mujeres con hijos: “No son lo mismo las amenazas que enfrenta un hombre defensor de derechos humanos que una mujer. La vulnerabilidad es más alta y generalmente traemos hijos. Huir con niñas es más complejo. Yo, con ella, me sentí en riesgo…”.
En su peregrinar de estos años, Bertha y L fueron resguardadas durante un tiempo en una casa que compañeras solidarias le gestionaron en el sur del país. Entre esas paredes se sentía segura, pero cuando intentaba distraer a su hija en el parque, volvía el temor. Cada vez que tomaba el transporte público, sentía las miradas sobre ella. Su acento la delataba.
“Te ofrecían: ‘Yo tengo un cuarto, te agarro con la niña [...] güerita. Yo creo que podrías sacar 2 000 pesos por día’”. Al principio no lo entendía. Después supo que le ofrecían sumarse a sus redes de trabajo sexual. Están atentos a identificar a cualquier mujer centroamericana: “Los taxistas están aliados con redes. En el sur la desaparición de mujeres migrantes con sus hijos es terrible”.
Como ellas, con poco o nada, siguen llegando mujeres activistas centroamericanas a México. Al menos en la capital la existencia de Casa Centroamérica cambia la situación: ya no llegan solas y a la nada.
Se reúnen un fin de semana para compartir comidas típicas, pero también en seminarios académicos acerca del exilio centroamericano o sobre los patrones económicos de desarrollo regional. Anuncian una venta de libros de una editorial guatemalteca, un concierto de hiphop de Rebeca Lane y Audry Funk, y las películas del festival de cine DocsMX que refieren a Centroamérica. Los boletines comunitarios incluyen las noticias más relevantes de los países de la región y ofertas de trabajo diversas, desde cargos pequeños a directivos o un fellowship para expertos anticorrupción. Cada que se encuentran en esos espacios, intercambian datos del abogado que no cobra tan caro, lugares donde comprar ingredientes de cocina a mejor precio y consejos de escuelas, transporte, caminos de sus nuevas vidas. A veces basta con una mirada que entiende.
Hay redes que están tejiéndose.