La Mano Invisible de las Big Tech

Cuando el economista escocés Adam Smith, a menudo llamado el padre del liberalismo, habló en el siglo XVIII, de la ‘mano invisible del mercado’, señaló que al perseguir su propio beneficio los individuos podían, sin proponérselo, favorecer al conjunto de la sociedad. Pero Smith también advirtió que los comerciantes suelen confabularse para manipular las reglas a su favor y que el Estado tiene el deber de evitar monopolios y proveer bienes públicos. Hoy vemos que, si se les deja sin control, las corporaciones hacen exactamente lo que Smith temía: moldean las leyes, cooptan a los gobiernos y manipulan la opinión pública en beneficio propio.

Ante los avances legislativos, hay un sector que se ha destacado en las acciones de cabildeo o lobby contra la regulación en todo el mundo: las Big Tech, un selecto grupo de empresas multimillonarias como Meta (dueña de Facebook, Whatsapp e Instagram), Alphabet (dueña de Google y de You Tube), Amazon, Microsoft y Apple —conocidas como las «Big Five»— y otras, como la china ByteDance (dueña de Tik Tok) o la gigante lationamericana Mercado Libre y nuevos actores en la carrera por la inteligencia artificial, como Open AI.

Juntas, las gigantes tecnológicas tienen más impacto sobre todos los aspectos de la vida de la gente que muchos gobiernos. No obstante, a diferencia de éstos, cuyo objetivo es servir al público y le deben responder a éste, las Big Tech tienen como objetivo principal producir utilidades y le rinden cuentas sobre todo a sus accionistas. Además, aquellos que las controlan con frecuencia se cuentan con los dedos una mano.

Hay pocos datos sobre cómo actúan para influir en la legislación. Hoy en día, las Big Tech son el sector que más gasta en lobby en la Unión Europea, donde están obligadas a declarar sus inversiones. En 2024, el sector gastó 67 millones de euros, lo que supone un aumento del 57 % desde 2020. En Estados Unidos, donde también deben publicar sus gastos en lobby, gastaron 61 millones de dólares en el mismo año, un aumento del 13 % en comparación con 2023. Para abrirse las puertas de la administración Trump, empresas como Amazon, Meta, Google y Microsoft donaron un millón de dólares cada una al comité de la ceremonia de investidura, y los presidentes ejecutivos hicieron fila durante el evento.
Pero, ¿cómo operan en el resto del mundo?

Las grandes tecnológicas también tienen más dinero que muchos países. Según la información que consignó en sus estados financieros, Alphabet, la dueña de Google, tuvo ingresos en 2024 por 350 mil millones de dólares, esto es, casi equivalente al PIB de Chile, tres veces el de Ecuador y diez el de El Salvador. Meta tuvo ingresos de 164 mil millones de dólares en 2024, más de tres veces la producción económica del Paraguay. Los ingresos de Amazon el año pasado fueron de casi 638 mil millones de dólares, una cifra equivalente al PIB de Argentina.

Su poder de negociación es mayor en los países menos desarrollados, y saben cómo utilizarlo. En algunos países, como son los casos de la mayoría de los países de América Latina y del sur global, incluido Brasil, el lobby no está regulado, por lo que es aún más difícil registrar las acciones de influencia y medir en qué medida afectan a las leyes aprobadas en el Congreso.

Pero estas manos que moldean las sociedades no deben seguir siendo invisibles. Este trabajo lo realizan profesionales bien remunerados que forman parte de operaciones complejas, denominadas internamente “relaciones gubernamentales” o “asuntos públicos”. Estos departamentos, a su vez, contratan a terceros para que actúen en su nombre, como bufetes de abogados o asociaciones empresariales. Invierten en formas de construir y mantener relaciones con las autoridades, distribuyendo favores; promueven reuniones privadas, pagan viajes, happy hours y cenas después del trabajo; y forjan alianzas basadas en el acceso a sus tecnologías.

Para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el cabildeo y las actividades de influencia son «acciones, realizadas directamente o a través de cualquier otra persona física o jurídica, dirigidas a funcionarios públicos en el ejercicio del proceso de toma de decisiones, a sus partes interesadas, a los medios de comunicación o a un público más amplio, y que tienen por objeto promover los intereses de los agentes de lobby e influencia en relación con los procesos de decisión pública y los procesos electorales».

Las estrategias de lobby a menudo traspasan la relación con los agentes públicos y pueden incluir campañas de manipulación de la opinión pública, de la prensa, financiación de institutos e incluso de la producción de conocimiento científico.

Sarah Wynn-Williams, ex ejecutiva de Facebook, describe en su libro Careless People cómo sus jefes en la empresa tecnológica, sorprendidos por su propio poder e ingenuos, comenzaron a negociar con los gobiernos del mundo y, movidos únicamente por el lucro, terminaron “creciendo rápido y violando leyes”. La autora estaba parafraseando con ironía el citado eslógan de Mark Zuckerberg el dueño principal de Meta que instruía a su equipo a “moverse rápido y romper cosas”.

Para documentar cómo funcionan estas operaciones de lobby, el proyecto La mano invisible de las Big Tech publica desde hoy, tres tandas de investigaciones que arrojan luz sobre cómo las Big Tech han intentado moldear proyectos de ley y regulaciones, han litigado a gobiernos en los estrados judiciales y han desplegado sus acciones de influencia para evitar regulaciones que mitiguen sus efectos negativos sobre las sociedades y la política; cómo han influido en el debate sobre la información pública; y cuál es el impacto medioambiental de los centros de datos, esas enormes infraestructuras que albergan sus miles de servidores.

Esta investigación –que tomó nueve meses e indagó en 13 países –es liderada por Agência Pública de Brasil, y el Centro Latinoamericano de Periodismo de Investigación (CLIP), junto con Cuestión Pública (Colombia); Daily Maverick (Sudáfrica); El Diario AR (Argentina); El Surti (Paraguay); Factum (El Salvador); ICL (Brasil); IJF (Canadá); La Bot (Chile); Lighthouse Reports (Internacional); Núcleo (Brasil); Primicias (Ecuador);TechPolicy.press (EE. UU.); N+ (México); Tempo (Indonesia); Crikey (Australia), y el apoyo de las organizaciones de defensa del periodismo Reporteros Sin Fronteras (internacional) y El Veinte (Colombia).

Por primera vez, una investigación colaborativa y transfronteriza ha logrado identificar casi 3000 acciones de lobby realizadas ante congresos y gobiernos de diversos países, a las que se puede acceder en una base de datos interactiva. También hemos registrado procesos judiciales y proyectos de ley relacionados con las reglas del juego en la industria tecnológica.
Hacer visible la «mano invisible» de las Big Tech es una tarea que las organizaciones participantes en este proyecto consideran urgente. Por ello, todas ellas incluyen un aviso colectivo sobre la financiación recibida de empresas tecnológicas en la actualidad o en el pasado. Consulte aquí la lista completa.

**
Así presiona la “mano invisible” de las gigantes tecnológicas a las autoridades latinoamericanas

“¿Qué debemos hacer nosotros, desde el Congreso de la República, sobre la inteligencia artificial?”, pregunta Diego Caicedo, un joven congresista , en un video publicado en su perfil de Instagram. A su lado está Pablo Nieto, otro colombiano, quien le responde: “Generar marcos promotores de inteligencia artificial” y “escuchar a todas las partes interesadas”.

No fue un intercambio casual; ni por donde ocurrió, ni por quienes hablaban, ni por lo que decían.
Ambos son parte de una amplia red de influencia con la que las grandes empresas tecnológicas como Google, Amazon, Meta, Microsoft, entre otras, inciden en las políticas públicas de América Latina. Otras fichas en este juego silencioso de alto poder incluyen a congresistas que defienden sus argumentos, lobistas que impulsan sus narrativas, expertos y ex funcionarios que revisten de interés público los intereses de estas empresas.

Cuando las tecnológicas no quieren exponer a sus propios lobistas, recurren a terceros, como bufetes de abogados o asociaciones sectoriales. Esos grupos se reúnen con frecuencia con actores públicos, organizan congresos internacionales, producen estudios para ‘iluminar’ a los ministerios y envían sus ideas sobre proyectos de ley argumentando amor al progreso de los países.

Su trabajo, como explicó a esta alianza periodística Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia, es conseguir “capacidad y acceso a tomadores de decisión, y a cualquier mecanismo que permita influenciar las decisiones”.

Nada de eso es ilegal, ni tampoco original. Se parecen a las operaciones de otras multinacionales, como las mineras, tabacaleras o farmacéuticas.

No obstante, hay una diferencia abismal entre la multinacional de siempre y estas enormes empresas tecnológicas. A diferencia de aquellas, que influyen en un sector, éstas últimas intermedian casi cualquier actividad humana: desde hablar con la familia hasta organizar la agenda, llegar a una dirección, hacer reuniones virtuales y leer noticias. Evadirlas requiere un esfuerzo. Su influencia sobre nuestras vidas solo va a crecer, teniendo en cuenta el ritmo al que la inteligencia artificial va colándose en todo lo que hacemos.

Estamos hablando de Alphabet, la dueña de Google, YouTube y de decenas de útiles aplicaciones de mapas, estudio y hasta para el periodismo de investigación. Según su propia definición, Alphabet tiene la misión de “organizar la información del mundo y hacerla accesible y útil para todos”. Google ya es un verbo en todos los idiomas, sinónimo de buscar información; y aunque hay otros motores de búsqueda, ninguno está tan metido en la vida diaria de los latinoamericanos.

Estamos hablando también de Meta, propietaria de Whatsapp, Facebook e Instagram, cuyo objetivo es “construir el futuro de las relaciones humanas y la tecnología que las hace posibles”. En español decimos ‘whatsappear’ por mandar un mensaje, y millones de personas exponen su vida y milagros en Facebook e Instagram todos los días. La plataforma los conoce al dedillo y les entrega a los publicistas, sean de jabón o de campañas políticas, información hasta sobre sus estados de ánimo para que estos les vendan productos a su medida. Dicen sus reportes que en un día de diciembre de 2024, en promedio 3.350 millones de personas estaban usando alguna de las aplicaciones de la “familia” Meta. Esto es casi media humanidad.

Semejante influencia en la política, los derechos humanos, el bienestar social, la salud pública, la salud mental de los jóvenes, la economía y el hecho de que son prácticamente indispensables para funcionar en la vida de hoy, llevaría a pensar que es crucial para los países regularlas para dar al Estado y a los consumidores herramientas para evitar abusos de estas empresas.

Pero como lo comprobó esta investigación periodística, La Mano Invisible de las Big Tech, liderada por el medio brasileño Agencia Pública y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), junto con otros 15 medios en 13 países, regular a las grandes tecnológicas no ha sido tarea fácil. Tienen bolsillos infinitos para librar todas las batallas. Sus algoritmos se esconden detrás del secreto industrial y se requiere conocimientos sofisticados para regularlos, sin caer en la censura. Y resisten a toda costa que normas locales les arruinen su modelo de negocio global.

Una base de datos elaborada en forma colectiva a partir de información pública disponible en línea, con pedidos de acceso a la información, entrevistas con decenas de fuentes en gobiernos, congresos y empresas tecnológicas, con expertos y académicos, pudo documentar 2977 acciones de influencia concretas en diez países y la Unión Europea, la mayoría de estas desde 2019 hasta junio de 2025. Estas involucraron a 1516 representantes directos o indirectos de las tecnológicas que interactuaron en defensa de las posturas de la industria digital con 2508 servidores públicos, desde congresistas, reguladores, ministros hasta directores de escuelas y hospitales públicos.

Además, esta investigación encontró que es tal la necesidad de morigerar los impactos no deseados de estas Big Tech, que tan solo en la Unión Europea y otros 11 países, gobiernos, trabajadores o personas han presentado desde 2019 al menos 801 proyectos de ley para mejorar la moderación de espacios donde niños y adolescentes se encuentran; bloquear cuentas que diseminan el odio impunemente; hacer cumplir normas nacionales electorales o de protección de datos; responsabilizar a las plataformas por contenidos dañinos; castigar usos dañinos de la Inteligencia Artificial; entre otras causas.
Así mismo, esta alianza periodística encontró 315 casos judiciales en apenas cuatro países, registrados desde 2022, ligados con conflictos con las tecnológicas. Estos litigios se originan desde la denuncia de un ciudadano del común por el mal uso de un video o una imagen, hasta reclamos por no regular contenidos nocivos o no cumplir las normas de privacidad. Las tecnológicas también han demandado a los gobiernos oponiéndose a sanciones o normas que limitan sus operaciones.

En respuesta a detallados cuestionarios enviados por esta alianza periodística sobre sus acciones de lobby en los países en los que investigamos, las Big Tech prefirieron emitir declaraciones generales en los que reconocen sus interacciones con representantes políticos y tomadores de decisiones públicas en temas que competen a sus negocios o sus productos, y afirman que estas interacciones cumplen los marcos éticos y regulatorios de los países donde ocurren. En este documento pueden leer las respuestas enviadas por cada una de las empresas.

En este capítulo de La Mano Invisible de las Big Tech, sacamos a la luz en detalle cómo sucedieron varias operaciones de lobby en América Latina de algunas de las tecnológicas que más inciden en la vida diaria de las personas. ¿En qué terrenos se movieron sus batallas? ¿Quiénes forman sus escuadrones de lobistas y agentes de influencia en algunos países?

Una foto significativa

El encuentro en donde el congresista colombiano Caicedo entrevistó a su compatriota Nieto, citado arriba, se llamó el Digiecon 2025, tuvo lugar en abril de este año en Ciudad de México y reunió al menos a 15 legisladores de América Latina con ejecutivos de TikTok, Meta, Google, Rappi y Mercado Libre, entre otras, para debatir sobre “economía digital” y “desarrollo social y económico”.

Fue organizado por la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI) que agrupa a las tecnológicas, organización que invitó a Caicedo, según este le dijo a Cuestión Pública, medio colombiano miembro de esta alianza.

Algunos de los congresistas que estuvieron en Digiecon 2025 fueron los diputados brasileños Any Ortiz, y sus colegas Rodrigo Valadares y David Soares; cuatro legisladores argentinos (Juan Manuel López, Dahiana Fernández Molero, Karina Banfi y Santiago Santurio), otros cuatro congresistas colombianos además de Caicedo (Ciro Rodríguez Pinzón, Carlos Guevara, Irma Luz Herrera y Daniel Restrepo Carmona), tres legisladores chilenos (Leonardo Soto Ferrada, Francisco Chahuán y Paula Labra), y otros de Guatemala (Manuel De Jesús Archila Cordón), Costa Rica (Kattia Cambronero Aguiluz) y Perú (José Ernesto Cueto), según pudo reconstruir esta alianza periodística a partir de fotos del certamen y otros registros de redes sociales. También asistieron más funcionarios públicos de estos y otros países latinoamericanos.

Encontramos que algunos de estos invitados protagonizan hoy la discusión sobre temas digitales en los órganos legislativos de sus países, proponiendo —y, a veces, frenando— proyectos de ley; o moviendo los intereses de las tecnológicas en los cuerpos legislativos. Por eso la foto del evento resulta una metáfora potente de cómo los tentáculos de las tecnológicas se extienden por el continente.

El representante a la Cámara Caicedo, por ejemplo, en septiembre de 2024 impulsó una comisión transitoria para estudiar los proyectos de ley en curso relacionados con Inteligencia Artificial, justo cuando otra comisión se disponía a hacer exactamente lo mismo. Aunque la movida buscaba, según se dijo en Congreso, unificar varias iniciativas regulatorias, no logró ese cometido. El senador colombiano Alirio Uribe, quien ha impulsado varios de estos proyectos, dijo a Cuestión Pública y al CLIP que la comisión de IA “se hizo para obstruir todos los proyectos”. Explicó que “lo que hicieron ellos fue tomar todos los proyectos, revisarlos, y luego nos presentaron unos artículos inanes”. Solo una regulación de IA, que agrava el delito de estafa cuando se usan herramientas de inteligencia artificial para cometerlo, ha sido aprobada por el legislativo colombiano desde entonces.

Caicedo no contestó a las preguntas enviadas por esta alianza periodística sobre su rol en el trámite de los proyectos de ley de inteligencia artificial, ni sobre el video que publicó con Nieto.

Nieto, gerente de políticas públicas de ALAI para la región Andina, tiene una presencia permanente en el Congreso de Colombia. Aparece en consultas públicas y escribe conceptos jurídicos sobre proyectos de ley, pero también organiza eventos abiertos o cerrados con los legisladores y ha cultivado relaciones cercanas con Caicedo y con otros congresistas colombianos, según pudo constatar esta alianza periodística en eventos públicos y contenidos de redes sociales. Entre octubre de 2023 (cuando comenzó a trabajar en ALAI) y diciembre de 2024, Nieto acumuló 22 visitas a congresistas, según se consigna en una petición de información hecha por Cuestión Pública.

En Ecuador, Nieto también ha hecho incidencia a favor de las tecnológicas en el proceso de reglamentación posterior a la Ley de Protección de Datos, de 2021. Un primer reglamento, que se aprobó en 2023, fue construido con participación de los gremios de la industria, pero con una intervención casi nula de otros sectores, según encontró el medio Primicias, parte de esta alianza periodística. En 2024, Nieto se reunió con Fabrizio Peralta Díaz, superintendente de Protección de Datos Personales de Ecuador, para discutir regulaciones sobre aspectos puntuales de la ley, según consta en registros públicos; y en abril de 2025, Peralta Díaz viajó a México a Digiecon, donde de nuevo se encontró con Nieto y con Raúl Echeberría, director ejecutivo de ALAI.

Sobre su relación con ALAI, Peralta Díaz afirmó a Primicias que no ha recibido presiones de ese ni de ningún otro actor. “Con Pablo (Nieto) nunca yo he recibido ninguna petición particular o especial, más allá de la posibilidad de ser escuchados”, dijo. En una comunicación, ALAI dijo que “las comunicaciones con oficiales de gobiernos y parlamentarios son realizadas a través de los canales formales de comunicación habituales para cada país”.

La huella de ALAI
ALAI nació en 2015 en Montevideo, Uruguay, como una alianza entre cinco empresas tecnológicas: las latinoamericanas Despegar.com, de viajes, y Mercado Libre, de ventas online; y las estadounidenses Yahoo, Facebook y Google. Su primer director ejecutivo, Gonzalo Navarro, dijo en una entrevista de la época que la Asociación buscaba “contribuir a engrandecer el ecosistema de Internet, tendiendo puentes entre los distintos actores que lo componen y desarrollando políticas públicas dentro de nuestra competencia”.

Hoy, entre las 14 empresas tecnológicas que hacen parte de su directorio están Amazon, AirBnb y TikTok , igual que la latinoamericana de reparto domiciliario, Rappi. Como consta en sus estados financieros de 2023, radicados ante el gobierno uruguayo, cada una de estas empresas paga por su membresía anual una suma que puede ir hasta los 50.000 dólares, y algunas además aportan montos adicionales para proyectos específicos. Ese año ALAI reportó ingresos por más de un millón de dólares, en su totalidad provenientes de contribución de empresas tecnológicas; y gastos de administración por 711 mil dólares.

ALAI defiende con ahínco los intereses comerciales de sus empresas socias ante congresos, cortes y entidades regulatorias de la región. La Asociación, por ejemplo, se puso en contra de regulaciones del turismo en Colombia que buscaban limitar los alquileres de corto plazo que promociona AirBnb. En México impulsó un “marco regulatorio equilibrado” en el debate sobre los derechos laborales de los trabajadores de empresas como Rappi: una forma elegante de oponerse a que las plataformas tengan la obligación de darles un contrato laboral a quienes trabajan con ellas.
ALAI dice que “no representa los intereses de empresas específicas ni hace actividades de lobby para empresas específicas, sino que, al igual que cualquier otra cámara empresarial sectorial, representa los intereses del sector en general”.

En Brasil también ha criticado propuestas similares, y sus posiciones han encontrado oídos atentos en algunos de los congresistas que asistieron al mencionado Digiecon 2025. Any Ortiz, la diputada federal brasileña, anunció en su Instagram que estaba allí hablando de un proyecto de ley de regulación del mercado digital del que es relatora. “Ese ecosistema puede impulsar a empresas pequeñas, medianas y grandes, generando más innovación, competitividad y oportunidades”, dijo en su publicación.
Un mes después, el 7 de mayo de este año, Ortiz pidió una audiencia pública para debatir el estudio que había publicado la Asociación Latinoamericana de Internet en septiembre de 2024, relacionado con ese proyecto de ley. El estudio concluye que el proyecto de regulación propuesto es perjudicial para la economía brasileña y podría traer un costo adicional a los usuarios por más de R$2.000 millones (equivalente a $365 millones del dólares).

Trece días después, Sérgio Garcia Alves, gerente de ALAI en Brasil, dijo —sentado al lado de Ortiz— que la iniciativa podría causar “costos en cadena”, pues contempla un impuesto del 2 por ciento a los ingresos operacionales de las plataformas, y que la Ley de Mercados Digitales de la Unión Europea (DMA, por su sigla en inglés), de donde toma inspiración el proyecto brasileño, es “un modelo regulatorio experimental, cuyos beneficios aún no son evidentes”.

A su turno, Ortiz dijo que tenía dudas sobre la conveniencia del proyecto: no solo afirmó que algunas de las reglas del DMA no aplican en Brasil, por lo que “sería necesario desarrollarlas mejor”, sino también que la medida “podría impactar el costo al consumidor que usa los servicios digitales”. Las mismas cuestiones planteadas por ALAI.

En respuesta a esta alianza periodística, Ortiz afirmó que las posturas que expresó en la audiencia “no provienen de una entidad específica, sino de un amplio proceso de reflexión y análisis”, y que invitó a representantes del gobierno a participar en el evento, pero que “decidieron no asistir”.

La congresista afirmó que ha buscado “escuchar a todos los actores” en la regulación del mercado de las empresas tecnológicas y que ha “participado regularmente en eventos nacionales e internacionales organizados por diversas entidades”. También afirmó que la solicitud de la audiencia que analizó el estudio de ALAI “no tuvo relación” con su participación en Digiecon, ya que se presentó inicialmente en 2024. La congresista no respondió a la pregunta de quién financió su viaje a Digiecon, pero afirmó que no generó ningún costo para la Cámara de Diputados.

ALAI también estuvo presente en las discusiones brasileñas sobre el proyecto de ley conocido como de las Fake News (2630 de 2020), que buscaba regular las plataformas digitales y fue enterrado por el lobby de las plataformas, como revela otra historia de esta investigación periodística. Entre marzo y mayo de 2023, cuando el proyecto estaba a punto de ser votado en la Cámara de Diputados, la asociación publicó tres comunicados (1, 2, 3) oponiéndose a que fuera aprobado. Argumentó, por ejemplo, que el texto promovía un riesgo de control estatal de la información, una afirmación que según según Artur Romeu, director de la oficina de América Latina de Reporteros Sin Fronteras, no tiene sustento.
“La regulación no es censura”, dijo a Agência Pública. “El Proyecto de Ley 2630 ha sido ampliamente debatido durante años y se basa en modelos democráticos”.

El 28 de marzo de este año, Garcia Alves, el gerente de ALAI en Brasil, firmó un texto en el que defendía la permanencia del artículo 19 del Marco Civil de Internet, que establece que las plataformas digitales solo pueden ser responsabilizadas por contenidos de terceros si éstas no los eliminan luego de que un juez lo haya ordenado. Mientras el Tribunal decidía, ALAI también hizo un almuerzo dirigido a autoridades brasileñas en el marco de un foro organizado por Gilmar Mendes, uno de los ministros (magistrados) del STF que votaron en el proceso.

Sin embargo, la asociación no logró su objetivo, porque en junio el Supremo Tribunal Federal (STF) decidió que las empresas eran responsables por los contenidos que generaran daños aún cuando no hubiera órdenes judiciales. Google, Meta, Tiktok y X estuvieron involucradas en este proceso legal.
En Colombia, ALAI fue parte de una coalición de organizaciones que logró que el Congreso modificara una norma que buscaba regular contenidos digitales que puedan ser nocivos para la salud mental de los menores de edad (ver historia de Colombia en esta investigación). Aunque la sociedad civil también criticó la iniciativa por considerar que le daba poderes excesivos al regulador, los argumentos que resonaron en la Plenaria del Senado fueron los del lobby de las tecnológicas, que dijeron que la norma podría amenazar la libertad de expresión en Colombia y “derivar en la eliminación arbitraria de información, limitando la diversidad de opiniones y voces en espacios digitales”.

La ALAI también está detrás de otra iniciativa de influencia en la región: la Alianza por una Internet Abierta (AIA). Esta alianza se opone a la aplicación de la llamada “tasa de red”, es decir, la propuesta que las big tech contribuyan a la operación de la infraestructura de telecomunicaciones. La alianza comenzó en Brasil en 2023 y su primer director ejecutivo fue el exdiputado federal brasileño Alessandro Molon (PSB - RJ). En 2025, con ALAI y varias de sus empresas socias como miembros fundadores, la iniciativa se expandió al resto de Latinoamérica. Su directora para el resto de la región es la exdirectora de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación de Uruguay, Mercedes Aramendía, un caso que refleja bien el mecanismo de ‘revolving door', o puerta giratoria, por el cual las empresas buscan influencia en el poder público al contratar exfuncionarios gubernamentales.
Preguntada por esta alianza periodística sobre la elección de exfuncionarios públicos para ocupar cargos directivos y sobre el motivo de su expansión por América Latina, la AIA no respondió. La entidad afirmó que representa a “más de 14 mil empresas en Brasil” y que “sigue de cerca las discusiones sobre la tarifa de red y defiende la neutralidad de la red como un principio esencial para el internet brasileño”. ALAI no respondió a preguntas sobre su relación con la AIA.

Lobby desde Washington en Brasil
Además de la actuación de ALAI, las big tech también han invertido en actividades de influencia regional a través de otras asociaciones internacionales, como el Information Technology Industry Council (ITI) y el Center for Information Policy Leadership (CIPL), ambos basados en Washington, y la Access Partnership, de Londres. Las organizaciones han actuado, en los últimos años, con foco en las discusiones sobre regulaciones de empresas de tecnología, IA y la tasa de red.

El ITI tiene entre sus miembros a Amazon, Apple, Google, Microsoft, Meta, OpenAI, Oracle, Lenovo y NVIDIA. Según su sitio web, el grupo busca que “todos los gobiernos del mundo desarrollen políticas, normas y reglamentos que promuevan la innovación y el crecimiento de la industria tecnológica”. Fue fundado en 1916 y ha cambiado sus miembros con la evolución de las tecnologías.

Entre 2023 y 2024, representantes del ITI realizaron al menos 11 reuniones con miembros del Ejecutivo brasileño, según estableció La Mano Invisible de las Big Tech, con datos de la Agenda Transparente. Visitaron agencias reguladoras, así como ministerios y la Casa Civil de la Presidencia de la República. En varias de estas reuniones, el ITI llevó consigo representantes de empresas, como Apple, Amazon, Meta, Microsoft, Mastercard, HP, IBM e Intel.

Según una persona funcionaria brasileña visitada por el grupo, que habló bajo reserva, el ITI es “muy activo” en el país desde 2016. Al ser preguntada sobre cómo ocurren los diálogos con los representantes sectoriales, afirmó: “Las empresas y asociaciones suelen llegar, a veces preparan una presentación o no, se presentan y luego pasan a un tema más específico para ‘mostrar el absurdo que está ocurriendo’ en determinada cuestión. Tocan todas las puertas para buscar el oído más receptivo”.

Agência Pública solicitó vía Ley de Acceso a la Información las actas, notas o grabaciones de las 11 reuniones entre el ITI y las autoridades brasileñas. La Casa Civil dijo que la reunión sirvió para que el ITI presentara “puntos de atención” respecto al proyecto de ley 2.338/2023, el cual propone regular la IA. El Ministerio de Comunicaciones informó que se discutió la implementación de infraestructura de comunicaciones y la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) reportó que la discusión trató sobre requisitos de seguridad cibernética y buenas prácticas regulatorias.

En la mayoría de las reuniones realizadas con autoridades en Brasil estuvo presente el lobista brasileño Husani Durans de Jesus, quien fue funcionario de la Cancillería de ese país y ahora es director para las Américas del ITI, desde su sede en Washington. Según los registros de visitas en el Congreso de Brasil, y sus propias publicaciones en redes sociales, Durans de Jesus viajó a Brasil al menos tres veces en los últimos años: en marzo de 2023, marzo de 2024 y septiembre de 2024, a veces acompañado por otros miembros del grupo.

Además, el grupo promovió el seminario “Regulación del Uso de las Redes de Telecomunicaciones”, en Brasilia, en asociación con la Editora Globo, para debatir acerca de la cobranza de la tasa de red. La asociación también firmó cuatro artículos de “contenido de marca” en el sitio web de noticias financieras Valor Econômico, según se indica en los textos mismos.

En septiembre, cuando el proyecto de IA se debatía con intensidad en el Senado, Husani viajó a Brasil acompañado de Courtney Lang, otra vicepresidenta sénior de ITI, quien lidera el trabajo global de regulación de IA en esa organización. Ambos se reunieron con funcionarios del equipo del senador Eduardo Gomes (PL-TO), autor del proyecto de ley. “La reunión fue fantástica”, afirmó Durans en una publicación en redes sociales.

Una semana antes de llegar al país, Lang hizo recomendaciones muy específicas por videollamada, en una audiencia pública sobre el proyecto de ley que buscaba regular esta tecnología. Una de ellas fue eliminar dos artículos que enumeran los derechos de los usuarios de estas tecnologías, pues “asumen que habrá riesgos significativos para los derechos humanos a lo largo del ciclo de vida de la inteligencia artificial, lo que, a mi modo de ver, no siempre ocurre”.

ITI también organizó recepciones a congresistas brasileños en Washington, como pasó en marzo de 2024, según se describe en publicaciones en LinkedIn y en al menos tres informes de viaje elaborados por los legisladores. Entre los presentes se encontraba el senador Marcos Pontes, quien era el vicepresidente de una comisión temporal del Senado que analizó el proyecto de ley sobre IA. En esa comisión, Pontes presionó para que la ley se ajustara más a los intereses de las grandes tecnológicas. Fue el mismo senador que, meses antes, había invitado a Lang a una audiencia pública sobre esa misma ley.

En una declaración enviada a esta alianza, ITI dice que interactúa con servidores públicos en todo el mundo “en representación del sector tecnológico, con la misión de promover políticas públicas y estándares de la industria que beneficien la competencia y la innovación”. Sus interacciones con actores políticos en Brasil, dice, buscan “permitirles a más ciudadanos, negocios y comunidades beneficiarse de una mayor conectividad e inclusión”.

Pontes no respondió a preguntas enviadas por Agência Pública sobre si consideraba que había algún conflicto de interés con respecto a su rol en el comité.

En ese mismo viaje a Estados Unidos, los legisladores brasileños también visitaron el Centro para el Liderazgo en Políticas de Información (CIPL, por sus siglas en inglés). Según afirma su sitio web, se trata de un think tank que ofrece a sus socios “oportunidades para trabajar en importantes cuestiones relacionadas con la privacidad y las políticas de información con expertos clave en privacidad y partes interesadas de organismos reguladores, gobiernos y el mundo académico”. Estos socios son empresas tecnológicas y de telecomunicaciones, entre las que se incluyen Amazon, Google, Microsoft, Tools for Humanity (Worldcoin), Telefónica y Mercado Libre. CIPL fue fundado en 2001 por algunas empresas y un bufete de abogados, Hunton Andrews Kurth LLP (antes Hunton & Williams).

El viaje tuvo como objetivo “orientar la toma de decisiones y la elaboración de legislaciones relacionadas con la IA en Brasil”, de acuerdo con el briefing del evento, al que accedió Agência Pública. El viaje fue organizado por el Movimiento Brasil Competitivo, una organización que busca generar cercanía entre el sector público y el privado.

En su informe de gestión de 2024, el CIPL celebra que los legisladores brasileños adoptaran, en su proyecto de ley, varias recomendaciones de un informe que publicó sobre regulación global de IA.
CIPL no respondió a un cuestionario enviado por esta alianza periodística.

Otras empresas de lobby internacional también están trabajando para influir en la legislación de Brasil, uno de los mayores mercados de las principales plataformas tecnológicas. Paula Corte Real, una lobista brasileña de la firma británica llamada Access Partnership —que se autoproclama “la consultora tecnológica más destacada del mundo”, ha visitado la Cámara de Diputados en al menos cinco ocasiones en 2025, según consta en un pedido de información hecho por Agencia Pública. En el último año, Corte Real ha visitado a los diputados Reginaldo Lopes (PT-MG), Helio Lopes (PL-RJ) y Lafayette de Andrada (Republicanos-MG), quien es el presidente del Frente Parlamentario Mixto de la Economía y Ciudadanía Digitales (Frente Digital).
En las cortes y en Congreso
En otras ocasiones, el lobby de estas asociaciones se entrelaza con los pleitos jurídicos que las tecnológicas llevan contra los reguladores estatales. En Brasil, el bufete Bialer Falsetti Associados (BFA), que defiende a Meta en casos de protección de datos contra la Agencia Nacional de Protección de Datos (ANPD), tiene a la abogada Ana Paula Bialer como una de sus socias. Varios representantes de BFA participaron de seis reuniones entre ITI y las autoridades brasileñas, tres de ellas en la oficina de ANPD.
La abogada no divulga en sus redes sociales su relación con el ITI, pero en agendas públicas de autoridades brasileñas y en registros obtenidos por Agência Pública a través de peticiones de acceso a la información es señalada como consultora de la asociación.

Bialer también es una lobista activa en el Congreso Nacional. Visitó la Cámara de Diputados al menos 12 veces entre 2023 y 2025, incluso en fechas de votación de proyectos importantes. En tres de esas ocasiones, declaró como destino la oficina de la diputada Luísa Canziani, primera presidenta del Frente Digital y actualmente presidenta de la Comisión Especial sobre Inteligencia Artificial en la Cámara de Diputados, quien enfrenta preguntas por un posible conflicto de interés relacionado con Google, según otro reportaje de esta investigación. En 2021, la abogada y la diputada firmaron juntas un artículo en el que defendía una regulación de inteligencia artificial más favorable al sector privado, como reveló Núcleo Jornalismo, parte de esta alianza periodística.

Sobre su rol dual como abogada y lobista de empresas tecnológicas, Bialer dijo que “es una profesional con reconocida experiencia en temas de tecnología, privacidad y protección de datos, ciberseguridad e inteligencia artificial, y participa regularmente como ponente en audiencias públicas, seminarios y mesas de debate sobre los temas mencionados”.

Bialer también afirmó que el bufete BFA asesora al ITI en Brasil “desde hace muchos años” y presta “servicios de consultoría jurídica y regulatoria, así como apoyo técnico en las interlocuciones del ITI con los responsables de formular políticas públicas en el país”, pero no ofreció más detalles y dijo que las actividades están “sujetas a la obligación de confidencialidad profesional”.

El despacho no respondió si ya representaba a Meta cuando se reunió con la ANPD en nombre del ITI, ni si ve algún tipo de conflicto de interés en el hecho de que sus abogados participen en reuniones como consultores de la asociación internacional y, al mismo tiempo, defiendan a Meta en otros procesos.
Otro caso en el que el ‘lobby’ en el Congreso se entrelazó con el litigio judicial es el de Lorenzo Villegas Carrasquilla, un abogado colombiano que actúa desde 2020 como apoderado de Google en un pleito contra la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). En 2024, Villegas intervino en una audiencia pública sobre un proyecto de ley que tocaba el punto central para la tecnológica y lo hizo repitiendo los mismos argumentos que esgrimió la empresa en las cortes colombianas.

En resoluciones oficiales entre 2019 y 2022, la SIC les exigió a Google, Meta y TikTok que cumplieran la regulación colombiana de protección de datos de menores de edad, pues consideró que no lo estaban haciendo a cabalidad. Pero las empresas demandaron al regulador ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, argumentando que el fallo violaba sus derechos porque el procesamiento de esos datos no ocurre en Colombia, por lo que —aseguran— la ley del país no aplica para ellos.

El principio de que las empresas cumplan las leyes de los países donde están sus usuarios, sin importar en qué otro territorio tengan su sede central, se llama extraterritorialidad. “Esto es decirles a las empresas, ‘así usted no esté ubicado en nuestro territorio, si usted recoge datos de nuestros ciudadanos, usted tiene que cumplir nuestra legislación’”, explicó a esta alianza Heidy Balanta, abogada experta en datos personales.

Juristas colombianos consultados para esta investigación expresaron opiniones diversas sobre si el regulador colombiano puede aplicar este principio; pero en todo caso, dos proyectos de ley habrían resuelto el problema de no haber sido archivados: el 156 de 2023 y el 152 de 2024. Ambos proponían que el tratamiento de datos recogidos en Colombia por un actor responsable o por su encargado con domicilio en territorio colombiano cumplan la ley nacional de protección, sin importar si estos datos son procesados en Colombia o en el exterior.

En la audiencia pública, el abogado Villegas dijo que el proyecto de ley podría afectar la libertad de expresión de los periodistas —un argumento que compartieron varios representantes de la sociedad civil— y la libertad de empresa, pero luego expresó otra preocupación: el proyecto es “un desincentivo al tratamiento de datos particularmente en el mundo digital, desde el exterior hacia Colombia”. Además, añadió que la iniciativa “va en contravía de la Constitución Política, que establece que las leyes colombianas se aplican en el territorio colombiano, para las personas que se encuentran en el territorio colombiano”. Villegas no mencionó en el Congreso su rol en el equipo jurídico de la tecnológica californiana.

Preguntado sobre por qué no lo hizo, Villegas no ofreció respuesta. Dijo a esta alianza que fue invitado a participar de esa audiencia pública en su calidad de abogado experto en derecho de tecnología, y que aceptó porque considera “fundamental aportar elementos técnicos y jurídicos que contribuyan a enriquecer la discusión legislativa”.

ALAI, y otros aliados de las tecnológicas, han seguido esa misma línea. Un comentario al proyecto de ley de 2023 firmado por Nieto, el lobista de ALAI, dice que “en un mundo globalizado, en el que es posible ofrecer servicios a cualquier parte del mundo, pretender que todos aquellos [servicios] que se ofrecen en Colombia deban cumplir con estas disposiciones es un desincentivo para que efectivamente estén disponibles en Colombia una diversidad de servicios digitales”. Y María Fernanda Quiñones, directora de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, dijo en la audiencia pública citada arriba que “una norma con aplicación extraterritorial compromete o desincentiva la competitividad del país”.

A las tecnológicas les preocupa que regulaciones como esta les generen problemas para administrar y distribuir sus productos internacionalmente. “La extraterritorialidad no les gusta a las big tech porque les hace exigibles muchas leyes, y al tener presencia en tantos países, les representa una carga de cumplimiento alta”, explicó a esta alianza periodística Viviana López, abogada de la línea de Transparencia y Derechos Digitales en Dejusticia, un centro de estudios sociales que promueve el Estado de Derecho en el Sur Global. “Sin embargo, se puede decir que la solución sería fácil: aplicar el estándar de protección más alto en todos los países”. La Unión Europea es la que hoy tiene el estándar más alto de protección de datos para sus ciudadanos, y obliga a las tecnológicas a cumplirlo.

Para Balanta, la abogada especialista en privacidad, la consecuencia de que países como Colombia no puedan aplicar sus leyes de protección de datos es que las big tech terminan tratando a sus usuarios colombianos “como ciudadanos de segunda clase”. Según ella, las empresas diseñan sus productos para proteger solo a quienes viven en los países que tienen reglas estrictas de privacidad, mientras que en los demás “los ciudadanos, en muchas ocasiones, se quedan sin herramientas porque el diseño de la plataforma no les facilita ejercer sus derechos”.

En Colombia, los proyectos de ley que podrían resolver esto naufragan en el Congreso; y en las cortes, la decisión sobre si la SIC se extralimitó o no al exigirles a las empresas cumplir con la ley colombiana podría demorarse varios años más. “Ese litigio es eterno”, dijo López.

En Brasil, la negativa de las plataformas sociales a cumplir con las leyes nacionales fue uno de los argumentos usados por la administración Trump en julio pasado para imponer aranceles del 50 por ciento a los productos brasileños exportados a Estados Unidos. En su carta sobre estos aranceles, el gobierno Trump mencionó decisiones en las que la Suprema Corte le había pedido a plataformas, como X y Facebook, suspender cuentas de personas investigadas, quienes las utilizaron para incitar a un golpe de Estado, amenazar jueces y distribuir desinformación. El Representante de Comercio de EE. UU. también inició una investigación “debido a los continuos ataques de Brasil en contra de las actividades comerciales digitales de las empresas estadounidenses”. La decisión de Trump fue aplaudida por el gremio Industria de Computación y Comunicaciones (CCIA en su sigla en inglés), financiada por empresas como Google, Meta y Amazon, según reveló Agência Pública.

Puerta giratorias
Las Big Tech también han recurrido a otra estrategia para acercarse a las autoridades: la contratación de personas que ocupaban cargos públicos, lo que se conoce como puerta giratoria. Esta alianza periodística identificó al menos 59 casos que encajan en ese perfil, en Brasil, Canadá, Colombia, Chile y México.

En Brasil, el caso más notorio involucra al expresidente Michel Temer, quien fue contratado por Google a mediados de junio de 2023 para reforzar la presión de la empresa al Congreso Nacional y hacer la “mediación” con los parlamentarios, como él mismo confirmó al diario Folha de S. Paulo. En ese momento, el proyecto legislativo 2630/2020, conocido como “la ley de las fake news”, seguía en discusión entre los congresistas y había expectativa de que fuera votado, lo que no ocurrió. (Ver historia completa).
En total, se identificaron al menos 54 casos de lobistas de empresas tecnológicas que anteriormente pasaron por organismos públicos en Brasil —68% de la lista total de lobistas identificada— , como revela esta investigación. Por ejemplo, Sérgio Garcia Alves, de ALAI, trabajó en Anatel, en la Casa Civil y en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación antes de convertirse en gerente de políticas públicas en la asociación.

En Chile, la abogada Aisén Etcheverry fue reprendida por la Contraloría de su país por haber sido parte, en 2019, de un comité que tomó una decisión a favor de Amazon Web Services, la empresa en la que había trabajado meses antes. A pesar de eso, su carrera siguió en ascenso: fue Ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación entre marzo de 2023 y julio de 2025; y en paralelo, fue la ministra vocera de Gobierno entre diciembre de 2024 y julio de 2025. Su caso muestra cómo la cercanía de algunos funcionarios con las tecnológicas les ha sido útil a estas multinacionales para hacer negocios.

La decisión que motivó el fallo en su contra “fue el resultado de un proceso abierto, donde se recibieron distintas propuestas”, dijo Etcheverry a esta alianza periodística.

De vigilar a aplaudir en Colombia
El 30 de mayo de 2024, Worldcoin se lanzó en Colombia. Es un servicio que escanea los iris de las personas que accedan a él a cambio de dinero, y dice que con ese procedimiento puede “verificar la humanidad” de sus usuarios, es decir, darles una credencial con la que algunos servicios digitales van a poder saber que se trata de seres humanos y no de ‘bots’. Tools for Humanity (TfH), la empresa matriz de World —empresa antes conocida como Worldcoin—, fue fundada por Sam Altman, quien también fundó Open AI y es uno de los ejecutivos más influyentes de esa industria. TfH está prohibida en Brasil.

Al día siguiente, la SIC publicó un escueto comunicado de prensa en su página web. Decía ese anuncio: “Invitamos a los ciudadanos a informarse diligentemente sobre las eventuales consecuencias de otorgar acceso a su iris a esta compañía, pues la empresa referida no ha demostrado… que esta práctica no implica la recolección de datos personales sensibles”. La entidad reguladora también anunció una investigación contra TfH para verificar si ésta cumplía con las leyes de protección de datos. (La investigación continúa en proceso en septiembre de 2025).

Entre febrero y diciembre de 2024, el abogado Grenfieth Sierra era el superintendente delegado de datos personales de la SIC. Su oficina estaba a cargo de esa investigación, Pero el 2 de abril de 2025, ya afuera de la SIC y como profesor de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario,Sierra dijo: “Mantener privacidad estricta no es un buen negocio. Se necesita romper lógicas de privacidad, porque esas lógicas de privacidad es lo que se denomina monetización”.

Estaba en un evento académico abierto en esa universidad. También insistió en que los ciudadanos son quienes deberían decidir qué tanto de su privacidad deciden entregarles a las empresas.
Antes de Sierra, habló Lorena Buzón, directora de asuntos públicos de TfH. Primero le agradeció al profesor Sierra “por llevar a cabo estas discusiones”, y luego afirmó que su producto es en realidad una “tecnología de mejora de la privacidad”.

En una publicación en su Linkedin, Buzón dice que Sierra organizó la conferencia. No hubo menciones a los anuncios del pasado: ni el Sierra anfitrión, ni nadie más, habló de la investigación que su oficina había abierto contra Worldcoin. Tampoco se discutió el hecho de que Worldcoin hubiera tenido líos con los reguladores de varios países justamente por las preocupaciones sobre la forma como maneja los datos personales de sus usuarios.

Sierra respondió a esta alianza que la investigación de la SIC estaba a cargo de la directora de investigaciones de datos personales, y no de él. A pesar de que esa directora era su subalterna directa, asegura que nunca asumió “competencia para investigar a TfH”. Además dijo que el evento fue organizado por la Universidad y que su rol fue cumplir “tareas de coordinación”, y que ni él ni la institución recibieron alguna contraprestación por el encuentro.

Los que no cuentan
Para los usuarios de esta región son imprescindibles la mensajería de WhatsApp, las redes sociales de TikTok y Meta, YouTube, la búsqueda de Google, o las nubes de Google Cloud o de Amazon. Las usan para conversar, informarse, archivar sus fotos y documentos y expresar sus visiones del mundo. Por ello, cuando algo sale mal y —por ejemplo— una niña cae en manos de un pervertido sexual que la enganchó en un grupo de una red social, la gente querría saber a dónde quejarse, a dónde advertir de esa cuenta peligrosa.

Muchos usuarios no saben cómo hacer para que una plataforma los escuche, ni cómo poner una queja, o cuándo tienen derecho a hacerlo. Ni siquiera es fácil para organizaciones reconocidas de la sociedad civil, como la colombiana Red Papaz, que ha intentado en varias ocasiones sentarse a hablar con las Big Tech de cómo evitar daños a los menores. “Es como hablarle a una pared que te dice, de antemano, que no va a hacer absolutamente nada”, contó al CLIP y a Cuestión Pública Alejandro Castañeda, jefe del Centro de Internet Seguro de esa ONG.

Tampoco los mecanismos de protección de las plataformas son tan efectivos. En Colombia, un estudio de la Comisión Reguladora de Comunicaciones, publicado en 2025, concluyó que solo el 48 por ciento de los padres o madres de menores de edad usan las herramientas de protección diseñadas para filtrar contenidos audiovisuales en plataformas como YouTube; y solo el 34 por ciento las utilizan en redes sociales. En México, un reporte de 2022 del Instituto Federal de Telecomunicaciones encontró que apenas el 26,2 por ciento de los usuarios de internet domiciliario utilizan alguna herramienta de control parental. Y en Estados Unidos, plataformas como Discord y Snapchat le dijeron al Congreso en 2024 que menos del 1% de los padres de niños y niñas usan esas herramientas.

Incluso cuando se conocen estos mecanismos, no hay garantía de que funcionen. Iniciativas como Circuito, de la organización Linterna Verde, han documentado estas injusticias. Por ejemplo, un caricaturista colombiano falsamente señalado de diseminar contenido de odio y perdió por 10 años su cuenta de TikTok. Otro caso es el de un popular creador de contenido mexicano que fue suspendido de YouTube por un video en el que hablaba de formas legales de emigrar a Canadá. Algunas veces los usuarios con contactos, o con cuentas muy populares, logran revertir esos fallos, pero muchos no lo consiguen.

Muchos países ni siquiera tienen oficinas locales de Meta, Google o TikTok. Hay matices y excepciones, pero lo usual es que los asuntos de Ecuador y Perú se traten desde las oficinas en Colombia; los de Uruguay, Chile y Paraguay, desde Argentina; y los de Centroamérica, desde México. X, la antigua Twitter, cerró todas sus oficinas en América Latina y atiende sólo desde sus cuarteles estadounidenses. Por el tamaño de su mercado, y la manera como las autoridades han intentado ponerles límites a las Big Tech, Brasil es la excepción.

De otra parte, a la hora de reportar sus estados financieros a las autoridades, varias de estas plataformas ni siquiera separan los ingresos, gastos y pagos de impuestos relacionados con América Latina, sino que van agrupados con las de otras regiones del mundo.

Como dice Castañeda, de Red Papaz, nuestro uso de plataformas digitales es “inequitativo con el consumo que están teniendo otros usuarios en otros países”. Y esa inequidad también se ve en la regulación que las autoridades han logrado erigir allá, y las tecnológicas han podido frenar aquí.
En Europa, en cambio, la Ley General de Protección de Datos les permitió a ciudadanos de 11 países europeos demandar a Meta para que su información no sea usada para alimentar modelos de inteligencia artificial de esa compañía. La empresa tuvo que parar de hacerlo y decidió no lanzar algunos productos de IA en ese continente.

En contraste, la mayor parte de los usuarios latinoamericanos de Meta no pueden impedir que la empresa use sus datos para alimentar sus modelos de IA, como denunció la organización Access Now. “En la mayor parte los países de la región no existen leyes de protección de datos personales y en otros donde sí hay, se encuentran desactualizadas”, explicó la entidad.

De nuevo, una excepción es Brasil, donde la Autoridad Nacional de Protección de Datos (ANPD) prohibió en junio pasado que Meta utilizara datos de usuarios del país para entrenar la IA. Después de cumplir con las medidas impuestas por la ANPD — que incluyen no utilizar información de niños y permitir que los usuarios nieguen el acceso a sus datos — la empresa retomó la práctica, con algunas restricciones. En diciembre, la autoridad también le impidió a X utilizar cuentas de niños, niñas y adolescentes para alimentar su IA.

Esto, a pesar de que una mayoría apoya que se regule a estos gigantes. Un estudio realizado por Ipsos encontró que “el 55% de las personas en Argentina, Brasil, Colombia y México apoyan la regulación de la IA, y la proporción aumenta al 65% entre quienes declaran tener un buen conocimiento de la herramienta”.

La falta de reglas sobre uso de datos les conviene a las Big Tech. Como dice Alphabet, la casa matriz de Google, en su informe anual de 2024 a la Security and Exchange Commission, “cumplir con esas leyes y regulaciones puede ser oneroso para nosotros, y, de forma individual o conjunta, aumentar nuestros costos operativos, reducir la utilidad de nuestros productos y servicios, limitar nuestra capacidad para llevar a cabo determinadas prácticas comerciales u ofrecer determinados productos y servicios”.

Así las cosas, gobiernos y reguladores, con marcos legales débiles, pocos recursos y —muchas veces— una comprensión limitada de tecnologías complejas, deben hacer frente a estas compañías. El resultado son empresas fuertes, regulaciones débiles y usuarios desprotegidos. Es, como dice Andrés Hernández, de Transparencia por Colombia, “una cancha completamente desbalanceada”.

**

La batalla que ganaron las Big Tech para debilitar la regulación que busca cuidar la salud mental de niños y niñas

Las denuncias dan escalofríos. Niños y niñas, algunos menores de 14 años, sufren chantajes por la exposición de videos íntimos en redes sociales. En muchos casos, llegan hasta el límite de contemplar la idea de quitarse la vida. Una de las modalidades más frecuentes es el acoso por mensajería instantánea que, una vez empieza, difícilmente se puede parar. También pululan las imágenes sexuales creadas con inteligencia artificial que incluyen el rostro de menores y circulan en línea sin que alguna norma o regla logre atajarlas.

Estos casos son la señal más visible de un riesgo del que padres y madres de familia, educadores, autoridades y personal de la salud llevan años alertando. Otros contenidos, por ejemplo, sobre cómo llevar a cabo el suicidio, también preocupan. Un estudio hecho en 2024 por la Universidad de Los Andes encontró que 1 de cada 5 menores colombianos reportó haber visto en internet formas de hacerse daño o herirse a sí mismo y el 17% consultó formas de quitarse la vida. La mayoría de quienes vieron estos contenidos fueron mujeres.


Gráfico Datos Uniandes

“Había manchones de sangre en su clóset, y cuando lo llevé al médico, tenía el brazo todo cortado”, cuenta Lesley, una madre en Bogotá, sobre la primera crisis de salud mental que notó en su hijo. Esa fue la primera señal de un espiral descendente que lo llevó a un diagnóstico psiquiátrico y a dos hospitalizaciones. En ese momento él tenía 14 años. Hacía poco que había recibido su propio celular y computador.

“Siempre confiamos —dice Lesley— en que las decisiones que iba a tomar iban a ser las adecuadas”. Pero pronto comenzó a sospechar que lo que él hacía en línea influía en el problema. Sus psiquiatras estaban de acuerdo y le pedían a Leslie que intentara ponerle límites a su consumo de contenidos, pero no pudo hacerlo. No solo porque él es mucho más hábil digitalmente que ella, sino también porque su relación con los dispositivos y las plataformas es problemática. “A él se le daña el computador y es como si se le acabara la vida”, dice. “Sus pataletas se volvieron agresivas. Eran agresiones físicas, por limitarle el uso del computador”.

Cuando el Congreso intentó legislar sobre el tema, los intereses de las llamadas Big Tech (grandes tecnológicas, como Google y Meta) se enfrentaron con quienes buscan proteger mejor a los menores. No es personal: son negocios. Para Juan David Gutiérrez, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, “las empresas privadas quieren que la legislación no aumente sus costos de operación” y “van a querer atajar proyectos de ley que les impidan operar en las condiciones en las que ellos quieren”.

Esta disputa fue evidente en la aprobación del proyecto de ley 029/24S, de salud mental, de autoría de la representante Olga Lucía Velásquez (Partido Verde). La iniciativa intentaba que las plataformas se ciñeran a una regulación acordada con la Comisión Reguladora de Comunicaciones (CRC) para restringir que circularan contenidos que “atentan” contra la integridad, el bienestar y la salud física y mental de niños, niñas y adolescentes. Pasó por dos debates en Cámara y uno en Senado, sin atraer mucha atención hasta cuando fue hora de su último debate, a finales de 2024.

A partir de ese momento, el lobby de la industria tecnológica movió su falange silenciosa. Con la fuerza seductora de su influencia, construida con años de invitaciones, reuniones y eventos con los congresistas, logró truncar ese propósito regulatorio. Así lo identificaron el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (Clip) y Cuestión Pública, aliados en la investigación colaborativa La Mano Invisible de las Big Tech, liderada por Agencia Pública de Brasil y el CLIP, que reunió a 17 medios de comunicación que investigaron las acciones de influencia de las Big Tech en 13 países.

Las Big Tech usaron una aceitada maquinaria de lobistas, abogados y aliados que abordan a los congresistas o los visitan para expresarles propuestas, preocupaciones o intereses sobre los temas que están legislando. Este andamiaje —que es legal— participa en audiencias públicas o reuniones sobre proyectos de ley. Incluso, coorganiza eventos académicos con los legisladores.

Esta alianza periodística preguntó a las empresas y personas involucradas en esa operación de lobby si sus intereses económicos prevalecieron sobre el bienestar de sus usuarios en la discusión de ese proyecto de ley. Amazon respondió que esa no es una descripción precisa de los eventos, sin otorgar más detalles. Google, Meta y la Asociación Latinoamericana de Internet no respondieron directamente a la pregunta. TikTok no contestó a un cuestionario enviado por esta alianza periodística.

El artículo de la discordia
Dar vida a una ley en Colombia tiene su proceso. Cada iniciativa cuenta con hasta dos años, es decir, dos periodos legislativos, para completar su trámite. El proyecto de Salud Mental pretendía modificar la ley que regulaba la atención en esa materia desde 2013. Fue radicado el 25 de julio de 2023 en la Cámara de Representantes para ser aprobado antes del 20 de junio de 2025. En ese tiempo debía superar cuatro debates obligatorios: los dos primeros en comisión y plenaria en Cámara, y luego lo mismo, pero en el Senado. También debía pasar por una eventual conciliación para subsanar las posibles diferencias entre los textos aprobados en las dos corporaciones.

La iniciativa —única en Colombia por sus alcances en esta materia— lo logró. Pero hubo una mano invisible. Para sobrevivir a las negociaciones políticas, terminó sacrificando una de sus promesas más ambiciosas: proteger a niños, niñas y adolescentes de contenidos nocivos en plataformas digitales. En cambio, dejó en manos de las Big Tech una función reguladora en la que, según consideraban los autores del proyecto, era necesaria la participación del Estado.

Esa promesa se materializaba en el artículo 8. Este incluía dos puntos que fueron el corazón de la controversia. El primero, otorgar a la Comisión Reguladora de Comunicaciones (CRC) la facultad de intervenir en la formulación de los códigos de conducta de las plataformas digitales, una figura conocida como “corregulación”. El segundo, la posibilidad de sancionar a esas plataformas si incumplían lo pactado en dichos códigos. Eran los bordes más filosos de una ley que, por lo demás, despertaba pocas disputas.

Estos puntos se mantuvieron en el proyecto de ley hasta que fue aprobado en su primer debate en el Senado, el 22 de octubre de ese año. Según confirmó esta alianza periodística con diferentes fuentes, la industria tecnológica y sus lobistas emprendieron su operación de influencia desde ese día hasta el 16 de diciembre, cuando fue programado su último debate.

Cuando esto pasa, la actividad va mucho más allá del Congreso. En cuestión de días, dos ministerios, organizaciones de la sociedad civil, gremios y reguladores enviaron comentarios al proyecto de ley. “Una vez iniciados los debates, se recibieron comentarios y solicitudes de reunión de parte de los sectores interesados”, dijo a esta alianza Ana Paola Agudelo, senadora del Partido Mira y coordinadora ponente de dicha iniciativa.
El seis a uno de las Big Tech en el Congreso
Era 18 de noviembre y pasaban las dos de la tarde cuando fueron llegando al Congreso, uno a uno, seis representantes de las grandes tecnológicas: Irene Velandia, de Google; Brian Townsend, de Meta; Gabriel Parra, de TikTok; Aura María Londoño y Santiago Orduz, de Amazon; y Pablo Nieto, de la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), el gremio regional que agrupa a estas cuatro compañías y a otras diez más.
Según las actas, iban a ver a la senadora Agudelo, la ponente del proyecto. Lo que ocurrió tras esa visita fue decisivo para el rumbo de la ley de Salud Mental. (Ver reportaje transfronterizo sobre el lobby de las Big Tech en la región)
“Ana Paola sí me dijo que las empresas estaban muy preocupadas por el proyecto”, dijo una fuente que estuvo enterada de estas conversaciones y que pidió no ser mencionada. Les preocupaba “si podría considerarse o no censura lo que se estaba proponiendo”.

Agudelo admitió a Cuestión Pública y al CLIP que estas reuniones sí se dieron, y que buscaban “escuchar preocupaciones y observaciones respecto del articulado”.

Preguntamos a la senadora Agudelo y a cada una de estas personas y empresas los temas que trataron en esa reunión y declinaron comentar sobre lo conversado en el encuentro.

El argumento de la “censura” también apareció en una carta pública que Nieto, gerente regional de Políticas Públicas para la Zona Andina de la ALAI, envió al Congreso el 6 de diciembre. En ella decía que las facultades que tendría la CRC podrían “restringir la diversidad informativa” y llevar a la censura previa. También señalaba que la Comisión no tenía experiencia en regular contenidos digitales.

La Fundación Karisma envió su propio concepto en el que se preocupaba por otro tema: planteaba que la nueva función de la CRC podría “rebasar la capacidad de la comisión”: serían tantos los contenidos que tendría que revisar, que no daría abasto sin los recursos suficientes. A la fundación también le preocupaba que se hablara de “autorregulación” en otros apartes del proyecto, una observación que profetizaba lo que terminaría por suceder: decía que dicha mención podría quitarle a la CRC la facultad de regular.

En medio de la tensión, la Comisión Reguladora respondió que no se podía hablar de censura porque “en ningún caso (…) removería contenido de los usuarios ni de las plataformas”, sino que podría imponer “sanciones posteriores” a que el contenido se publicara y solo en caso de que se incumplieran las normas.

El efecto del lobby se vio en el texto del proyecto de ley, radicado para el último debate por Agudelo y Fabián Díaz, el otro senador ponente, el 21 de noviembre. Ambos eliminaron la palabra “corregulación”. Sin embargo, mantuvieron la facultad de la Comisión de establecer recomendaciones a las plataformas para moderar el contenido y de sancionar a las que incumplieran. Ese texto, dice la ponencia, fue “producto de las observaciones y consenso entre la CRC y de representantes de plataformas digitales” y, según varias fuentes, buscaba tranquilizar a las Big Tech.

A pesar de esa concesión, las tecnológicas seguían tensando la cuerda. En una intervención del senador del Partido Alianza Verde, Jonathan Pulido Hernández, más conocido como Jota Pe, hizo de vocero de dos gremios de esa industria: “Yo aquí tengo, por ejemplo, [a] Asomóvil y CCIT [que] dicen: ‘nosotros no le hemos dado visto bueno a ese artículo 8 porque nos parece que raya con la censura’”.

Se refería a Asomóvil, que representa a los operadores móviles, y a la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT), que agrupa a decenas de empresas del sector. En esa misma intervención, Jota Pe citó un documento firmado por siete gremios de esa industria —incluidos Asomóvil y la CCIT— y una organización de la sociedad civil, apelando a muchos de los mismos argumentos ya esgrimidos por ALAI. En una proposición, que radicó junto al senador guajiro Alfredo Deluque Zuleta, pidió eliminar el artículo 8.

Camilo Rojas Chitiva, gerente de regulación de Asomóvil, dijo a esta alianza periodística que ese gremio no interactuó directamente con el senador Hernández. “Mucho menos lo hizo en términos de aprobar, o no, o dar un visto bueno, o no”, aseguró. La CCIT no respondió a un cuestionario enviado por esta alianza periodística.

En respuesta a esta alianza, el senador Jota Pe aclaró que no se reunió “con voceros de gremios ni con representantes de ningún sector particular. Para formar mi posición sobre el proyecto, tuve en cuenta la exposición realizada por los ponentes de la iniciativa y los argumentos planteados durante el debate en plenaria”.

Por su parte, Deluque respondió a esta alianza que “la proposición inicial de eliminación respondió a la necesidad de abrir el debate sobre el artículo, el cual, según el análisis de mi equipo legislativo y mi propia revisión, presentaba posibles riesgos [… ] que podrían afectar la libertad de expresión”

Cuando Hernández se bajó del atril, comenzaron las negociaciones en un escritorio del Salón Elíptico. De un lado estaba la representante Velásquez, autora del proyecto de ley y quien proponía la corregulación con las plataformas. Del otro, el bando alineado con los argumentos de las tecnológicas compuesto por los senadores Jota Pe, Deluque y David Luna.
Los aliados de las Big Tech
Los tres pertenecen a la Comisión Primera del Senado. Jota Pe era un conocido youtuber bumangués, que recibió la placa de oro de YouTube, una empresa de Google, por alcanzar el millón de seguidores en su cuenta. Deluque es un senador guajiro que fue ejecutivo de telecomunicaciones y dirigente gremial de ese sector. Luna fue Ministro TIC y, luego, director de un gremio de la industria tecnológica.

Luna pasó de ser Ministro de las TIC entre 2014 y 2018, en el segundo gobierno de Juan Manuel Santos, a ser el primer director de Alianza In, un gremio de emprendimientos de tecnología que también firmó la carta. A pesar de que habló en plenaria contra el artículo 8, no votó y declaró que estaba impedido para hacerlo. Tampoco participó en la proposición de sus dos colegas.

Deluque ha legislado sobre tecnología. En 2023 fue uno de los autores de un proyecto de ley que buscaba crear una agencia de seguridad digital y en la última legislatura promovió cuatro otras iniciativas sobre temas digitales, entre ellas, “una regulación justa para las plataformas de transporte”.

También es el congresista que más visitas recibió de los representantes de los gremios tecnológicos entre septiembre de 2022 y octubre de 2024, según información obtenida por medio de un derecho de petición al Congreso presentado por esta alianza periodística. El lobista de las Big Tech que más lo visitó en ese período fue Santiago Orduz, de AWS, quien registró ocho entradas al Congreso autorizadas por Deluque. Le siguieron Santiago Pinzón, de la Asociación Nacional de Empresarios (ANDI) con siete visitas, y Aura María Londoño Sánchez, de Amazon, con dos.

Deluque dejó clara su postura frente a la regulación de la inteligencia artificial (IA) en el Mexico Digital Summit, una conferencia a la que asistió como ponente en septiembre de 2024 para hablar sobre inclusión e IA. Allí explicó cómo “tuvimos la sensatez en el Congreso colombiano de frenar toda la regulación, eran más o menos 10 proyectos de ley acerca de regular la IA”. El viaje, según confirmó el senador, fue pagado por un centro de pensamiento privado basado en Miami llamado CCLATAM, que promueve diálogos sobre política pública alrededor de la innovación, como declara en su misión.

Entre 2021 y 2025, Deluque asistió en calidad de congresista a 16 eventos internacionales vinculados al sector tecnológico, según confirmó a esta alianza (ver detalles en elemento multimedia). Todos fueron financiados por los organizadores, excepto uno que corrió por su cuenta, según informó el senador.

La Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT), uno de los gremios que “no le había dado el visto bueno” al artículo 8 —y que firmó la carta conjunta leída por el senador Jota Pe en plenaria—, financió parcialmente uno de esos viajes en 2024. Se trató de una visita al Mobile World Congress (MWC), en Barcelona, España, y a una cumbre ministerial, en Madrid, del 17 de febrero al 2 de marzo. Entre los miembros de la CCIT están Amazon, Google y Meta, tres de las cuatro empresas que visitaron a la senadora Agudelo cuando se discutía el proyecto de ley de Salud Mental.

Ya en 2025, la misma CCIT le financió parcialmente a Deluque otro viaje a España, entre el 24 de febrero y el 7 de marzo. Esta vez fue una mesa redonda sobre la regulación tecnológica en Barcelona, que ocurrió en simultáneo a la versión de 2025 del MWC. El tema a tratar era justamente los “principios regulatorios para equilibrar el campo de juego del ecosistema digital con el usuario en el centro”.

¿Esta financiación podría constituir un potencial conflicto de interés? Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia, dice que sí podría haberlo.“La mejor forma de haberlo resuelto hubiera sido una divulgación clara de las actividades del congresista”, dijo Hernández. En efecto, Deluque nunca declaró ese conflicto en el debate final de la ley. “La ausencia de esa explicación sí deja una sensación de que hubiera podido haber ahí un riesgo grande de influencia indebida”, agregó Hernández.

El senador Alfredo Deluque le respondió a esta alianza periodística “que no comparto dicha caracterización. La participación en eventos multilaterales de carácter oficial no puede equipararse a una indebida influencia, pues se trata de escenarios públicos, abiertos y plurales (...) Los dos eventos en los que se señala un apoyo parcial de la CCIT tuvieron un carácter estrictamente oficial, con participación de delegaciones gubernamentales y legislativas de Colombia”. La CCIT no respondió a las preguntas enviadas por esta alianza periodística.

La cercanía del senador Deluque con los representantes de la industria se exhibió en un evento en la Universidad Externado de Colombia en mayo de 2025. Los ponentes fueron empleados de las Big Tech, representantes de la sociedad civil y otros congresistas. En una intervención, Brian Townsend, gerente de Política Pública para Suramérica Hispanohablante de Meta, reconoció la apertura del senador: “Le agradezco al senador Deluque, que nos hace partícipes en la construcción de política pública”.

Ni Meta ni Townsend respondieron preguntas sobre lo dicho por el ejecutivo. La compañía envió la siguiente declaración: “Al igual que muchas empresas en distintas industrias y geografías, interactuamos con funcionarios, grupos comerciales y organizaciones para compartir información sobre nuestros productos y servicios y poder contribuir en discusiones que puedan impactar a Meta o las experiencias de los usuarios en nuestras plataformas”.

La victoria antirreguladora

Según dos fuentes consultadas, la estrategia del lobby de las tecnológicas era hundir el artículo 8 o quitarle las sanciones y los nuevos poderes que le daba a la CRC. Es decir, lo que plantearon los senadores Jota Pe y Deluque en su proposición.

La estrategia funcionó. El texto aprobado por el Senado quedó a la medida de las tecnológicas. No solo le negó a la CRC la facultad para corregular los contenidos perjudiciales que circulan en los servicios digitales y sancionar a las empresas. También dejó en firme, en palabras de la senadora Agudelo, “la autorregulación que nos han pedido las plataformas”. Es decir, mantuvo en sus manos la responsabilidad exclusiva de moderar el contenido perjudicial para niños, niñas y adolescentes.

Así las cosas, cada plataforma podrá seguir definiendo sus reglas de manera autónoma y decidir lo que permite o no. Entre ello, qué tanto tolera el contenido sobre conductas de odio o que incite a la violencia. Porque como no hay estándares universales, lo que en un lado puede ser considerado como crimen de odio o una conducta abusiva, en el otro está amparado por el derecho a la libre expresión.

Por lo general, las plataformas más populares, como Tiktok, Instagram, o Facebook, toman medidas para evitar algunos de los contenidos más lesivos. Por ejemplo, en dichas plataformas, al buscar la palabra “suicidio” no se muestra contenido, sino que remite a un panel de ayuda con líneas y canales de atención nacionales o sugerencias de expertos. También tienen controles parentales de diferentes tipos y prohíben directamente diferentes tipos de contenidos dañinos.

Pero en Colombia, un estudio de la Comisión Reguladora de Comunicaciones, publicado en 2025, concluyó que solo el 48 por ciento de los padres o madres de menores de edad usan las herramientas de protección a menores diseñadas para filtrar contenidos audiovisuales en plataformas; y solo el 34 por ciento las utilizan en redes sociales.

A la representante Velásquez, autora del proyecto, le tocó ceder. Lo hizo, según dice, porque borrar completamente el artículo de la discordia habría eliminado la obligatoriedad de hacer campañas de educación y promoción de salud mental en medios de comunicación. También la de emitir advertencias de control parental e información sobre rutas de atención en los contenidos sobre el suicidio.
Como el proyecto de ley nació en la Cámara y el texto aprobado allí contemplaba la corregulación y las sanciones, debía ser conciliado para entregar un proyecto único para sanción presidencial.

En esta última instancia, las presiones no cesaron. Pablo Nieto, de ALAI, envió un nuevo concepto el 26 de febrero pidiendo que se mantuviera la redacción que salió del Senado. Lo mismo hizo la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, siete días antes.

Y las Big Tech volvieron a ganar. La ley de Salud Mental se aprobó tal como venía del Senado, sin corregulación ni sanciones para ellas.

Para Velásquez, ese es el único agujero de la ley, pues “sancionar genera una corresponsabilidad mayor”. En el mismo sentido se expresaron, por separado, los dos senadores ponentes, Fabián Díaz y Ana Paola Agudelo. “La autorregulación es una medida necesaria, pero claramente no absoluta”, dijo Díaz.

Esta preocupación también existe entre personas expertas en derechos digitales. Lucía Camacho, coordinadora de políticas públicas de la organización Derechos Digitales dijo que tal como quedó, la ley perpetúa un estado de cosas que no funciona: “el enfoque de la autorregulación es insuficiente porque necesita esfuerzos complementarios de regulación activa por parte de los estados”, dijo.

Por su parte, la Fundación Karisma señaló en una comunicación a esta alianza que “la inclusión de la palabra ‘autorregulación’ en el proyecto es problemática. Aunque la norma final es poco clara, pensamos que puede servir para que las plataformas de redes sociales se nieguen a cumplir órdenes de organismos estatales”.

Otra alternativa sería que, si el Estado no tiene un rol en la regulación, esta funcionará de manera independiente a las empresas. Es decir, que “sea capaz de servir de contrapeso a los vacíos, o a los errores, o a las decisiones [de las plataformas] que responden más a su modelo de negocios que al interés público”, explicó Catalina Botero Marino, quien hizo parte de la Junta de Supervisión de Meta. “Y eso es dificilísimo”, agregó.

Botero añadió que aunque cree que es mejor que la autorregulación “exista a que no exista”, considera que la “corregulación” es mejor.

El senador Jota Pe respondió que “no sé ‘le quitaron los dientes’ al artículo, como algunos señalan… La autorregulación por parte de las plataformas no fue entendida como la única medida, sino como parte de una estrategia integral que combina prevención, pedagogía, supervisión institucional y acción estatal coordinada”

Tras bambalinas

Esta alianza periodística identificó que el lobista del sector tecnológico que más visitó al Congreso en ese período (entre julio de 2022 y agosto de 2025) fue José Daniel López, un exrepresentante a la Cámara de Cambio Radical, que actualmente es el director de Alianza IN, un gremio de aplicaciones. El segundo fue Pablo Nieto, de la Asociación Latinoamericana de Internet, que en promedio visita el Congreso al menos una vez cada mes.

López respondió a esta alianza que “esta cifra debe ser contextualizada en el hecho de que en las instalaciones del Congreso se ubican las oficinas de más de 280 senadores y representantes, así como de los miembros de sus equipos de trabajo”, y que llevar a cabo estas interacciones con congresistas “es legítimo y es parte esencial de nuestra labor de representación” como gremio.

En una declaración enviada a esta alianza, ALAI asegura que las interacciones de sus empleados “con oficiales de gobiernos y parlamentarios son realizadas a través de los canales formales de comunicación habituales para cada país”.

Fundada en Uruguay en 2015, ALAI es financiada por 14 empresas tecnológicas. Entre estas, Google, Meta, Amazon, TikTok, Rappi y Mercado Libre. En Colombia su rostro visible es Nieto: un joven politólogo que ha visitado 24 veces a congresistas en sus despachos, según lo documentado por esta alianza. También ha participado en, al menos, 10 eventos del Congreso y en cinco eventos públicos con legisladores o funcionarios públicos desde octubre de 2023, cuando ingresó a ALAI tras ser asesor legislativo del Ministerio de Hacienda.

“Nuestro equipo está integrado por profesionales de primer nivel que desarrollan todas sus actividades con seriedad, profesionalismo y regidos por nuestro código de ética, nuestros estatutos y en cumplimiento estricto de las leyes de cada país”, dice ALAI en respuesta a esta alianza periodística.

En abril de 2025, ALAI organizó los “Diálogos Anuales de Políticas Digitales” en Ciudad de México. Al analizar fotos públicas del evento, se corroboró la asistencia de 15 legisladores y funcionarios de 10 países. Cinco de ellos son colombianos: los representantes Diego Caicedo, Ciro Rodríguez, Daniel Restrepo Carmona e Irma Luz Herrera, y el senador Carlos Guevara. Los dos últimos pertenecen al Partido Mira, el mismo de la senadora ponente del proyecto, Ana Paola Agudelo. Caicedo, Guevara y Herrera le confirmaron a esta alianza periodística que ALAI pagó sus viáticos.

Rodríguez no contestó directamente, pero sí remitió la solicitud a la Secretaría de la Cámara, que no ha dado respuesta. Carmona todavía no ha allegado la información.

Un congresista de otro país, que asistió al evento de México, contó a esta alianza periodística que ALAI pagó el viaje en clase económica y lo hospedó en un hotel “con cero lujos” en el centro de la ciudad. “Ellos transmiten sus ideas, no te piden nada a cambio. No generan incomodidad porque no te presionan. Es un tono amable y de intercambio de ideas”, señaló esta fuente, quien pidió mantener oculta su identidad. ALAI no respondió preguntas específicas sobre el evento.

La deuda de la salud mental con niños, niñas y adolescentes

“Muchas veces no se nos oye, o creen que lo que estamos haciendo no es suficiente”, dijo Brian Townsend, ejecutivo de Meta para esta región, en el evento en el que también participó el senador Deluque el pasado mayo. A juicio de la representante Olga Velásquez, expertos consultados y la CRC, las Big Tech no están haciendo lo suficiente para reducir su impacto negativo.

El papel de estas plataformas digitales fue parte de la discusión desde el primer debate del proyecto de ley de Salud Mental. Por una parte, porque al menos el 70% de los niños, niñas y adolescentes en Colombia accede a contenido por internet, el 61 % tiene su propio dispositivo móvil y el 40% tiene cuentas en redes sociales, según un estudio publicado en 2025 por la CRC.

Y por otra parte, porque la preocupación por mejorar la cobertura y la calidad de la salud mental en el país, en especial de los menores de edad, es cada vez más urgente.

La Clínica Montserrat, una institución psiquiátrica en Bogotá, abrió en 2022 un pabellón para adolescentes. “Antes era muy esporádico ver a uno o dos menores de edad hospitalizados”, dijo a esta alianza María Fernanda Bonilla, coordinadora de la unidad infantojuvenil. “Ahora contamos con 20 camas y a veces incluso tenemos que ampliarla a otras unidades, porque no da abasto la atención de los niños”.

Este solo es uno de los síntomas de lo que la especialista llama “un aumento de las consultas de niños, niñas y adolescentes en salud mental”. Después de años de una relativa estabilidad y una caída en la pandemia, las cifras oficiales en Colombia revelan un aumento del 41,2% en los intentos de suicidio en los y las menores de 17 años, entre 2022 y 2021. La cifra continúa en creciente aumento de un 0,7%, en 2023.

La preocupación por la salud mental ha llevado al Congreso a radicar, entre 2022 y 2023, ocho proyectos de ley relacionados con este tema. Todos fueron archivados porque no alcanzaron a cumplir los tiempos exigidos para su debate.
Solo uno de ellos, propuesto por congresistas del Partido Conservador, cuestionaba el rol de las redes sociales, y buscaba adoptar medidas para prevenir, entre otras, la adicción a ellas. El cómo no era claro y la propuesta no incluía control sobre el contenido alojado en las plataformas digitales. Pero ni siquiera alcanzó para el debate.

La doctora Bonilla advierte que los problemas de salud mental pueden desarrollarse por diversos factores. Muchos de los educadores, activistas, académicos, representantes de la industria y políticos consultados coincidieron en que el cuidado de niños, niñas y adolescentes es una responsabilidad compartida por muchos sectores: familias, instituciones educativas, el Estado, entre otros. Como dijo el senador Díaz, el problema “no se resolverá única y exclusivamente mediante la regulación de contenidos” digitales.

Pero los algoritmos de las redes sociales juegan un rol que no se puede ignorar en la salud mental, señaló la doctora Bonilla. “Si uno empieza a buscar o a ver contenido de personas que están exponiendo la muerte o el suicidio, el algoritmo empieza a sacar más y más. Y el hecho de que la persona esté viendo más personas que se quieren suicidar, o más contenido de muerte en las redes sociales, puede empeorar el cuadro afectivo”.

Pero el Congreso decidió quitarle al Estado la oportunidad de hacerle contrapeso a ese algoritmo. Y lo hizo porque, al contrario de lo que dijo Townsend, a las Big Tech sí se les escuchó. Quizá demasiado.

Lista completa de autores:

Natalia Viana, María Teresa Ronderos, Jose Luis Peñarredonda, Pablo Medina, Juliana dal Piva, Laura Scofield, Guilherme Cavalcanti, Iván Ruiz, Sofía Costa, Sofia Schurig, Rodolfo Almeida, Sérgio Spagnuolo, Igor Mello, Luiza Souto, Mónica Almeida, Paúl Mena, Andrea Rincón, Edier Buitrago, Francisca Skoknic, Gabriela Pizarro, Alberto Pradilla, Krisna Pradipt, Raymundus Rikang, Romina Cáceres Morales, Josué Congo, Alejandro Valdez, Jazmin Acuna, Alejandro Rebossio, Sandra Crucianelli, Justin Hendrix, Daniel Howden, Beatriz Ramalho da Silva, Riccardo Coluccini, Carly Penrose, Cecil Rosner, Julia Gavarrete, Luisa Fernanda López, Ángela Cantador, Jair Robelo, Rigoberto Carvajal, Bianca Muniz, Mayra Báez, Lorena Morgana, Marina Dias, Jade Drummond, Milena Giacomini, Emiliana García, Anton Nilsson, Peter Goenaghan, Lucas Amin, May Bulman